Ex trabajadores de limpieza del IPN protestan por presuntos actos de corrupción

Ex trabajadores de limpieza, cuya empresa brindaba servicios al Instituto Politécnico Nacional (IPN), se manifestaron por tercera ocasión, en menos de una semana, con varios bloqueos por las inmediaciones de esa casa de estudios ubicada en la alcaldía Gustavo A. Madero, en la Ciudad de México.

Lo anterior para exigir a las autoridades del Politécnico y de la Secretaría de Educación Pública (SEP), una auditoría, así como la revisión de los contratos y licitaciones.

Los trabajadores pertenecientes a la empresa Armot Seguridad Privada y Servicios Institucionales, se les informó el viernes pasado que el IPN había decidido rescindir su contrato, sin ningún tipo de explicación, por lo cual tendrían que recortar la plantilla laboral inmediatamente.

Irene Gutiérrez, una de las trabajadoras afectadas, aseguró que “se le hace injusto que a pesar de haber realizado en tiempo y forma su trabajo, la autoridad decida por intereses no muy claros, dejar sin efecto el contrato (...) nunca tuvimos algún llamado de atención, ni por personal de la Institución, ni de la empresa, hoy salimos para que esto se dé a conocer y apoyar a la empresa que nos brindó empleo y siempre ha cumplido con sus obligaciones”, expresó la afectada.

Y añadió que incluso el personal del IPN les han externado su apoyo, ya que desde que salieron, la limpieza no existe, “El personal que nos conocía y nos ha visto manifestarnos nos apoya, nos comentan que desde hace siete días no se cuenta con personal suficiente y en algunos casos con personal que mantenga las instalaciones de manera adecuada, los que laboran, ni uniformados están” concluyó.

Por su parte, Antonio Hernández, vocero de la empresa, indicó que el único argumento que les dieron para revocar el contrato fue que Rubén Gómez Montes de Oca, titular del área de responsabilidades del IPN, había dado la orden para cederle los contratos a Enrique Gómez Mandujano -dueño de otra empresa de limpieza-, situación que provocaría un conflicto de intereses ya que son parientes.

“Es una acción completamente ilegal, con la que se viola la Constitución y los derechos no solo de la empresa, sino de los empleados, por una decisión sin fundamento 4 mil 500 personas se quedaran sin empleo”, aseveró el representante.

Tras los bloqueos se entabló una mesa de diálogo entre los afectados y José Hipólito Rosas, director de Servicios Generales del Poli, quien culpó por la decisión al Órgano Interno de Control y ofreció una nueva reunión con otros funcionarios, por lo que los inconformes solicitaron a las autoridades correspondientes emprender una auditoría a la gestión de Montes de Oca, titular del área de responsabilidades, por actos de corrupción.