Estos fueron los primeros estados de México donde comenzó el cobro de piso

El fenómeno del cobro de piso por parte de cárteles ha trascendido más allá de sus zonas tradicionales en México, alcanzando estados del sur que solían considerarse ajenos a esta práctica. Tradicionalmente asociado con regiones norteñas como Coahuila, Baja California y Chihuahua, donde Tijuana y Ciudad Juárez, fueron de las primera ciudades.

Estados productores de limón y aguacate como Michoacán y Guerrero, este esquema de extorsión se ha convertido en una fuente de ingresos para grupos delictivos organizados. Dichas organizaciones han visto reducidas sus ganancias por el descenso en el tráfico de drogas y los constantes esfuerzos de las fuerzas federales para combatirlas.

Este cambio de estrategia surge como respuesta a la presión económica y operativa que enfrentan estos grupos debido a la efectividad de las operaciones de seguridad y a la fluctuación del mercado ilegal.

“El cobro de piso habían escuchado que sucedía solo en el norte del país, Coahuila, Tijuana, Juárez, e incluso en estados cercanos como Michoacán y Guerrero, en estos dos últimos productores de limón o aguacate, así como ganaderos, empresarios del ramo restaurantero debieron someterse a la delincuencia organizada, con facciones de cárteles que poco a poco se habían desmoronado y que comenzaron a presionar a la iniciativa privada, al ver sus ganancias mermadas por escaso tráfico de drogas y el embate de las fuerzas federales, en esos sitios, el cobro de piso se convirtió en un verdadero negocio para los cárteles, los grupos armados se disputaban violentamente las plazas, mientras policías municipales y estatales, estaban rebasadas”, narró el autor del libro ‘Narcos de México’.

Productores agrícolas, empresarios y restauranteros se han visto obligados a someterse a estas demandas para poder continuar con sus actividades comerciales, en un ambiente donde la ley parece superada por la rapide logistics de estos cárteles. La violencia entre facciones rivales por controlar estas “plazas” ha escalado, complicando aún más la situación de seguridad en estas áreas.

Este esquema no sólo representa una amenaza directa para la economía local de las regiones afectadas, sino que también erosiona la estructura social y la confianza en las instituciones del Estado.

Los reportajes sobre el avance del cobro de piso en México, recopilando testimonios de afectados y análisis de expertos en seguridad, pintan un panorama desolador de la influencia criminal en el país.

La situación demanda una respuesta coordinada y eficiente por parte de las autoridades para proteger a los ciudadanos y asegurar el desarrollo económico y social.

La lucha contra el cobro de piso y la extorsión en general, requiere no solo de esfuerzos en el ámbito de la seguridad, sino también de políticas públicas que fortalezcan el estado de derecho y el tejido social en las comunidades más afectadas.

En múltiples localidades, grupos de extorsionadores han instituido un sistema irregular de recaudación, conocido comúnmente como cobro de piso, impuesto de manera ilegal a comerciantes y empresarios como una “cuota” para permitirles operar sus negocios sin interferencias o amenazas.

Este mecanismo, que opera al margen del sistema tributario estatal, representa una carga financiera significativa y un riesgo para la economía local.

Esta práctica ilegal se ha convertido en una forma sistemática de extorsión, donde los extorsionadores demandan pagos regulares bajo la amenaza de violencia o daños a los bienes de quienes se niegan a pagar.

Esta modalidad de tributación paralela no solo socava la autoridad del Estado sino que también pone en jaque la seguridad y estabilidad de las regiones afectadas, impactando negativamente en el desarrollo económico y la inversión.

Los impactos de esta modalidad de extorsión son múltiples y varían desde el cierre de negocios hasta el desplazamiento de comunidades enteras.