Así es, paso a paso, el sofisticado fraude del CJNG con propiedades vacacionales revelado por el NYT

El Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), liderado por Nemesio Oseguera Cervantes alias “El Mencho”, ha ampliado sus horizontes hacia un nuevo tipo de fraude que involucra a propietarios estadounidenses y canadienses de tiempos compartidos, según ha revelado una investigación del medio The New York Times.

Esta estafa ha permitido al cártel mexicano recaudar cientos de millones de dólares en la última década, los cuales sirven a la organización delictiva para financiar sus actividades criminales en México y el exterior.

Los tiempos compartidos, conocidos también como propiedad vacacional compartida, son un modelo de propiedad o uso de inmuebles que permite a los compradores adquirir el derecho a utilizar una propiedad durante un período específico cada año, generalmente en una instalación turística o complejo vacacional. Este concepto se basa en la división del costo de mantenimiento y uso de una propiedad entre varios propietarios, lo que lo hace económicamente atractivo para personas interesadas en tener una opción de alojamiento vacacional sin asumir el costo total de una propiedad.

En un sistema de tiempo compartido, la propiedad (que puede ser un apartamento, villa, suite de hotel, entre otros) se divide en “semanas” o en puntos, y cada “semana” o cantidad de puntos se vende a diferentes propietarios. Esto significa que cada propietario tiene el derecho de usar la propiedad durante el periodo de tiempo que ha comprado. Los períodos de tiempo suelen ser fijos (en una semana específica del año), flotantes (en donde el propietario puede escoger dentro de una temporada determinada) o basados en un sistema de puntos que permite mayor flexibilidad en cuanto a la duración y ubicación del tiempo vacacional.

Aunque los tiempos compartidos pueden ser una opción viable para vacacionar regularmente en un destino preferido, es importante que los compradores investiguen cuidadosamente y consideren los costes asociados, como cuotas de mantenimiento anuales, restricciones de uso y la falta de liquidez del mercado secundario antes de invertir en uno.

De acuerdo con NYT, el modus operandi del fraude del CJNG con tiempos compartidos involucra varios pasos meticulosamente diseñados para engañar a los propietarios, convenciéndolos de que hay compradores interesados en adquirir sus propiedades vacacionales.

Primero, los estafadores se ponen en contacto con los propietarios de tiempos compartidos, generalmente a través de llamadas telefónicas. Se hacen pasar por representantes de ventas o agentes de bienes raíces que indican tener compradores potenciales interesados en adquirir sus propiedades vacacionales por sumas atractivas de dinero.

Éstos presentan una oferta tentadora y convincente para vender la propiedad de tiempo compartido, a menudo prometiendo una ganancia significativa sobre la inversión original del vendedor.

Una vez que el propietario muestra interés, los estafadores solicitan pagos por adelantado, justificándolos como gastos necesarios para facilitar la venta. Estos pueden incluir el costo de publicidad, tasas de transferencia, impuestos o multas gubernamentales ficticias, e incluso pagos para liberar supuestos fondos retenidos.

Las víctimas son instruidas para transferir los montos solicitados a cuentas bancarias en México, en donde supuestamente se está gestionando la transacción. Se manipula a las víctimas para que realicen no uno, sino varios pagos, cada vez con diferentes pretextos.

Para mantener la credibilidad, los estafadores pueden enviar documentos oficiales falsificados y establecer comunicación constante con las víctimas, asegurándoles que la venta está a punto de concretarse y que solo se requiere un “último pago”.

Una vez que los estafadores han recibido una cantidad suficiente de dinero o las víctimas se niegan a enviar más pagos, cortan toda comunicación, dejando a los propietarios sin el dinero prometido y con la imposibilidad de recuperar los fondos enviados.

Las víctimas, en su mayoría personas mayores retiradas, se ven atraídas por la posibilidad de incrementar sus ahorros. La confianza depositada en estas ofertas fraudulentas ha llevado a que muchos pierdan su inversión inicial e incluso se endeuden. En casos extremos, hay quienes han transferido todos sus ahorros, resultando en pérdidas financieras devastadoras.

A pesar de la magnitud de la estafa, las limitaciones en jurisdicción y cooperación internacional han dificultado la persecución de estos crímenes fuera de México. El FBI y otras agencias han recibido numerosas denuncias, pero el tratamiento efectivo de las mismas se ve obstaculizado por las barreras legales y la falta de acción por parte de las entidades financieras involucradas, que podrían desempeñar un papel crucial en la detección de actividades sospechosas.