Mario Aburto promueve amparo contra la FGR: reitera acusaciones de tortura tras asesinato de Colosio

El caso del asesino confeso también está siendo analizado en la Suprema Corte de Justicia de la Nación

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Mario Aburto impugnó la decisión de la FGR (AP Foto/José Luis Magaña, Archivo)
Mario Aburto impugnó la decisión de la FGR (AP Foto/José Luis Magaña, Archivo)

Mario Aburto Martínez, asesino confeso de Luis Donaldo Colosio Murrieta, interpuso una demanda de amparo en contra de la decisión de la Fiscalía General de la República (FGR) de no ejercer acción penal contra algún exfuncionario implicado en los casos de supuesta tortura que habría sufrido durante los interrogatorios de la causa penal que se le persigue.

El proceso judicial se presentó la semana pasada y fue ingresado en el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal de la Ciudad de México; sin embargo, hasta el momento, se desconoce si el caso ya fue analizado por la jueza Paloma Xiomara González o si tiene alguna resolución.

Lo que sí se sabe es que la autoridad solicitó al asesino confeso ratificar su firma en la demanda, esto con el fin de continuar con el trámite, ya que de no hacerlo, éste no podría continuar y parecería que nunca presentó el recurso; no obstante, éste aún no realiza dicho trámite debido a que debe de pedir permiso a un juez para acudir a la cita, ya que se encuentra privado de la libertad.

Mario Aburto cumple una condena de 45 años de prisión por el magnicidio de Luis Donaldo Colosio (Especial)
Mario Aburto cumple una condena de 45 años de prisión por el magnicidio de Luis Donaldo Colosio (Especial)

Conviene recordar que Aburto Martínez ha sostenido por casi 30 años que agentes judiciales y otros políticos del Partido Revolucionario Institucional (PRI) lo habrían torturado durante los interrogatorios del caso, entre ellos se encontraría el expresidente Carlos Salinas de Gortari y el exgobernador de Sonora, Manlio Fabio Beltrones.

Sin embargo, el pasado mes de febrero se difundió que la FGR declaró que no encontró elementos probatorios de algún acto de tortura en contra de Mario Aburto durante su traslado al Penal del Altiplano el 23 de marzo de 1994, horas después del asesinato del excandidato del tricolor a la Presidencia de la República.

“No se logra acreditar que los servidores públicos (...) hayan realizado una acción dolosa, tendiente a infligir dolores o sufrimientos graves ni físicos ni psíquicos a Mario Aburto Martínez”

El caso fue reabierto en febrero de 2023 por la Fiscalía, lo que ocasionó que nuevamente declararan los abogados de la defensa: Xavier Alfonso Carvajal Machado y Marco Antonio Macklis Mercado.

Primera Sala de la SCJN analiza el caso

La Primera Sala de la SCJN es la encargada de analizar el caso de Mario Aburto (YouTube/Suprema Corte de Justicia de la Nación)
La Primera Sala de la SCJN es la encargada de analizar el caso de Mario Aburto (YouTube/Suprema Corte de Justicia de la Nación)

El nuevo proceso judicial de Mario Aburto se dio días después de que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aplazó la discusión y votación sobre la sentencia de 45 años de prisión que se emitió en su contra al aceptar la autoría del asesinato de Colosio Murrieta.

De acuerdo a lo que dieron a conocer fuentes judiciales, los cinco integrantes de la Sala Especializada del máximo tribunal del país se reunieron de forma privada durante el miércoles 13 de marzo para debatir la ponencia de la ministra Margarita Ríos Farjat, pero habrían decido que ésta no pasara al pleno para su discusión o se votara en la reunión, debido a la solicitud de uno de ellos.

Poco se sabe sobre el proyecto de la ministra Ríos Farjat; no obstante, trascendió que éste le daría la razón a Mario Aburto debido a que la pena que debió de pagar era de 30 años, con base en el Código Penal de Baja California, y no de 45 años como le fue dictada y que defiende la Fiscalía General de la República.

El caso llegó hasta la SCJN, debido a que en octubre del año pasado, el Primer Tribunal Colegiado Penal del Estado de México concedió un fallo que invalidó la sentencia dictada en diciembre de 1994, al considerar que no se aplicó correctamente el Código Penal local.

Sin embargo, la FGR impugnó la decisión al considerar que la sentencia era correcta y éste fue condenado con las leyes federales no las locales.

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