Suay Kassandra Domínguez Pastrana y Enrique Linares Ríos, dos peritos de la Fiscalía General de la República (FGR) que se trasladaban a Guerrero para participar en las investigaciones sobre el asesinato del normalista Yanqui Kothan Gómez Peralta, se encuentran desaparecidos.
Los expertos adscritos al Centro Federal Pericial Forense se trasladaban desde el estado de Morelos a Chilpancingo en donde ayudarían con las indagatorias de los hechos ocurridos el pasado 7 de marzo en Tixtla, sin embargo, desde hace más de 24 horas que se perdió todo contacto con ellos.
Los dos peritos se trasladaban en una camioneta pick up Silverado de color blanca, con placas de circulación PAC2000. Los elementos de la Fiscalía salieron el fin de semana y habían tomado la Autopista del Sol; se tenía previsto que llegaran la noche del domingo a la capital guerrerense pero esto no ocurrió.
El Sol de Acapulco señaló que el último contacto que se tuvo con los trabajadores de la FGR fue el domingo 10 de marzo a las 22:45 horas. Ante estos hechos, la dependencia a cargo de Alejandro Gertz Manero hizo un llamado a la población para proporcionar cualquier dato que pueda servir para la localización de Domínguez Pastrana y Linares Ríos a través del número 7474719626.
La ficha de búsqueda emitida para Suay Kassandra señala que la mujer tiene 30 años de edad, mide 1.55 metros y es de complexión media. Tiene ojos medianos semi rasgados de color café claro. Su cabello es castaño oscuro teñido de negro, lacio y a la altura de los hombros.
Como señas particulares tiene cinco tatuajes: uno de una flor en la espalda; una calavera en el tobillo derecho; letras “sister” con un ancla y corazón en la muñeca izquierda; un ramillete de flores en la pierna derecha y la frase “el tiempo que pasa es la verdad que huye”, en el costado derecho arriba de la cintura.
La última vez que se le vio vestía playera azul marino con el logotipo de las Chivas; pantalón de mezclilla azul marino y unos tenis Converse blancos.
En tanto, la ficha de Enrique Linares Ríos señala que es un hombre de 41 años de edad; de 1.75 metros de altura y complexión delgada; tez morena, con cabello corto y castaño oscuro. En el momento de su desaparición llevaba un pantalón de mezclilla azul, una playera tipo polo color lila y tenis negros. Como señas particulares posee barba de candado y un tatuaje en el brazo izquierdo de un ancla con una brújula.
AMLO confirma abuso de autoridad
El presidente Andrés Manuel López Obrador declaró el lunes que el fallecimiento de Yanqui Rothan Gómez Peralta, un estudiante de la Escuela Normal “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, durante un enfrentamiento con la policía fue en realidad un abuso de poder.
Afirmó también que no habrá impunidad para los responsables de este acto. Este pronunciamiento se dio después de que el hecho, suscitado el jueves pasado en el estado de Guerrero, fuera inicialmente reportado por las autoridades como una confrontación armada iniciada por dos estudiantes; la víctima mortal recibió un disparo en la cabeza, además de que dejaron herida a otra persona. Luego la Secretaría de Seguridad Pública estatal compartió información en donde aseguraban que los jóvenes llevaban armas, droga e iban tomados.
La serie de eventos desencadenados en Guerrero llevó a López Obrador a señalar que la investigación del caso ha sido asumida por la FGR. El mandatario fue enfático al declarar que tanto la intervención de las autoridades como la prosecución de la justicia deben ser imparciales y transparentes, subrayando que los oficiales involucrados en el incidente ya han sido detenidos.
En un contexto más amplio, la muerte de Gómez se inscribe en una atmósfera ya cargada de tensiones, producto de la emblemática desaparición de 43 estudiantes de Ayotzinapa en 2014, un caso que sigue resonando en la memoria colectiva de México.
Apenas un día antes del fallecimiento de Gómez, manifestantes exigieron justicia por los estudiantes desaparecidos, llegando incluso a dañar una entrada de Palacio Nacional durante una conferencia de López Obrador. La conexión entre estos hechos destaca la persistente demanda de respuestas y acciones concretas por parte del Estado mexicano frente a violaciones de derechos humanos.
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