En un movimiento histórico, el estado de Nayarit aprobó por unanimidad una reforma al Código Penal que clasifica el transfeminicidio ―el asesinato de mujeres trans debido a odio o discriminación por su identidad de género― como un delito con penas de hasta 60 años de cárcel.
Esta decisión, celebrada por Yaaj México, una organización civil comprometida con los derechos LGBTI, señala un avance significativo en la lucha contra la violencia hacia las personas trans en México, un país que enfrenta altos índices de transfeminicidios a nivel global.
La reforma, conocida como ‘Ley Paola Buenrostro’, lleva el nombre de una mujer trans asesinada en 2016 en la Ciudad de México, víctima de la transfobia y cuyo caso se convirtió en el primer transfeminicidio oficialmente reconocido en el país.
A pesar de esta legislación pionera en Nayarit, otras iniciativas similares siguen pendientes en diferentes estados, incluida una propuesta en la Ciudad de México que aún no ha sido votada desde su presentación en 2021 y que busca tipificar el delito con penas de entre 35 y 70 años de prisión con una reforma al Código Penal.
El primer caso de transfeminicidio en México
Paola Buenrostro, una mujer trans cuyo trágico destino se transformó en un símbolo de resistencia y cambio en México, dejó un legado que trasciende su vida y muerte. Asesinada en septiembre de 2016 en la Ciudad de México, su historia no sólo refleja la violencia a la que se enfrentan las personas de la comunidad trans en el país, sino que también ha servido de catalizador para importantes cambios legislativos que buscan proteger a dicho sector.
Buenrostro, que se dedicaba al trabajo sexual, fue víctima de un brutal crimen de odio cuando un cliente, al descubrir su identidad de género, le disparó fatalmente. A pesar de la gravedad del crimen, la investigación inicial fue marcada por la negligencia: el perpetrador fue liberado 48 horas después del asesinato y hasta la fecha permanece en libertad.
Aunque la Fiscalía General de Justicia (FGJ-CDMX) ha ofrecido una recompensa de hasta medio millón de pesos por datos que lleven a la captura del sujeto, identificado como Arturo Felipe “N”, hasta el momento no se tiene más información sobre su paradero.
Este manejo inadecuado del caso por parte de las autoridades no sólo demostró la indiferencia hacia la violencia contra las personas trans, sino que también dejó ver la falta de reconocimiento de los transfeminicidios como crímenes de odio específicos.
La injusticia que envolvió el caso de Buenrostro motivó a su amiga cercana, Kenya Cuevas, a convertirse en una activista incansable por los derechos de las personas trans en México. Cuevas, quien presenció el asesinato de Buenrostro, dedicó su vida a la lucha por la justicia y a garantizar que otras víctimas de transfeminicidio sean recordadas y honradas adecuadamente. Su trabajo ha sido fundamental para visibilizar la violencia contra la comunidad trans y ha impulsado el reconocimiento del transfeminicidio en el marco legal mexicano.
El legado de Paola Buenrostro vive en la legislación nombrada en su honor: la “Ley Paola Buenrostro”, la primera de su tipo en México, que tipifica el transfeminicidio como un delito específico.
Buenrostro también es recordada en el Mausoleo Tiresias, un espacio dedicado a las mujeres trans víctimas de la violencia, donde sus restos descansan en un lugar de honor. Este mausoleo, iniciativa que surge del activismo y la solidaridad, simboliza un refugio de dignidad y respeto, contrastando con la violencia y el abandono que enfrentan muchas personas trans en vida y en muerte.
La historia de Paola Buenrostro, marcada por la tragedia, se ha convertido en un faro de luz en la lucha por los derechos de la comunidad trans en México. Su memoria inspira a activistas, legisladores y a la sociedad en general a trabajar por un futuro en el que la diversidad y la dignidad de todas las personas sean respetadas y protegidas.
Cabe apuntar que México sigue siendo el segundo país en Latinoamérica con más actos de violencia motivados por homofobia y transfobia, después de Brasil. La aprobación de esta ley en Nayarit es un paso adelante importante en el reconocimiento y la justicia para las víctimas de transfeminicidio.