La riqueza en climas y suelos de México ha permitido al país posicionarse como uno de los principales productores mundiales de frutas y verduras como la guayaba, la frambuesa, la zarzamora, el mango, el chile verde, el limón y, sobre todo, el aguacate. No obstante, es bien sabido que la producción legal del también llamado ‘oro verde’ se ve gravemente afectada por el narcotráfico. Al respecto, surge la duda: ¿a qué se debe esto y cómo fue posible que los cárteles de droga se infiltraran en este mercado?
De acuerdo con una reciente informe publicado por la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transaccional (GITOC, por sus siglas en inglés), el interés en la producción de aguacate por parte de las organizaciones dedicadas al tráfico de drogas surgió a raíz del famoso Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), cuando el valor de este fruto y otros adquirieron un valor más significativo.
Asimismo, la localización de las principales tierras productoras del ‘oro verde’ facilitaron a los cárteles de drogas involucrarse en el negocio, pues se trata de zonas donde se ubican sus bastiones principales.
Datos de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) señalan que en 2022 la producción de aguacate se registró principalmente en tres estados: Michoacán ―productor del 73.1% del total nacional―, Jalisco y Estado de México.
Las primeras dos son conocidas por ser las principales entidades de operación del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), mientras que en Michoacán y el Estado de México se tiene registro de actividades delictivas de la Familia Michoacana. Éste último es señalado como el grupo pionero en la extorsión hacia productores aguacateros.
Así fue como los cárteles pasaron de ofrecer protección a controlar el mercado del aguacate
La reciente investigación publicada por GITOC, y encabezada por Romain Le Cour Grandmaison y Paul Frissard Martinez, recuerda que el primer grupo criminal en afectar directamente las operaciones de los agricultores de aguacate fueron Los Zetas, quienes a inicios de los 2000 arribaron al territorio para, entre otras cosas, extorsionar a comerciantes y habitantes de la entidad.
Sin embargo, diversos reportes señalan que el primer cártel de drogas en obtener beneficios directamente de la producción de aguacate fue la Familia Michoacana, quienes en 2009 convocaron a una reunión a los productores que poseían huertas de más de cinco hectáreas para llegar a un acuerdo:
La organización criminal protegería de Los Zetas a todos los involucrados en el mercado del aguacate a cambio de una “cooperación voluntaria”.
Sin embargo, fue cuestión de tiempo para que la aportación se convirtiera en obligatoria. El informe de GITOC refiere que a cada cultivador de aguacate se le exigía el pago de al menos dos mil pesos por hectárea.
“Las extorsiones fueron iniciadas por la Familia Michoacana hacia 2005. Más tarde, Los Caballeros Templarios las convirtieron en sistemas burocratizados de extorsión y protección”, destacó Le Cour Grandmaison en entrevista con InSight Crime.
Datos proporcionados en 2019 por la Fiscalía General del Estado (FGE) de Michoacán indicaron que, en la actualidad, los productores ahora son extorsionados o controlados por el CJNG, el Cártel de Tepalcatepec y el Cártel de Zicuirán; estos dos últimos de operación local.
Cárteles desplazan a habitantes para acaparar tierras protegidas
Le Cour Grandmaison también reveló a InSight Crime que los cárteles de droga también intervienen en la producción de aguacate a través del desplazamiento de la población y del robo de tierras protegidas, mismas que utilizan para convertirlas en zonas productoras de aguacate.
“Los grupos criminales participan en cada paso de la cadena de valor, pero de diferentes maneras y en diferentes grados en diferentes regiones. (...) Se utilizan actores violentos para desplazar, amenazar y matar a personas en tierras que no pueden utilizarse para el cultivo (sic)”, declaró.
Al respecto, el experto señaló la necesidad de que los principales países consumidores de aguacate mexicano establezcan normas que permitan únicamente la importación de frutos producidos bajo el marco de la ley.