Familias de desaparecidos piden a la CIDH seguridad para las personas buscadoras

Durante una audiencia el 28 de febrero de 23024 en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), colectivos de personas buscadoras de personas desaparecidas solicitaron al Gobierno mexicano que les otorgue el reconocimiento como defensores de derechos humanos. Este estatus buscaría proporcionarles una mayor protección frente a las amenazas y riesgos vinculados a su labor. La petición surge en respuesta a la vulnerabilidad y los peligros a los que se enfrentan estas personas en sus esfuerzos por ubicar a seres queridos desaparecidos.

Estas familias y organizaciones, en su intervención ante la CIDH, destacaron la grave situación de riesgo con la que lidian al emprender estas búsquedas. Desde el año 2010, se ha reportado el asesinato de más de 20 activistas relacionados con la búsqueda de desaparecidos, 15 de estos casos ocurrieron durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO). Bajo esta alarmante estadística, subrayan la necesidad imperante de que el Estado reconozca oficialmente los riesgos asociados a sus acciones humanitarias y tome medidas concretas para su protección.

En México, activistas y familiares de personas desaparecidas enfrentan una ola de impunidad y violencia, mientras buscan a sus seres queridos en medio del acecho de grupos criminales y la falta de protección por parte del gobierno. Raymundo Sandoval, de la Plataforma por la Paz y la Justicia en Guanajuato, y Bibiana Mendoza, quien busca a su hermano desaparecido desde 2018, han denunciado políticas regresivas y un censo de desaparecidos que consideran violatorio de las leyes.

Estas denuncias se suman a los relatos de miembros del colectivo Ángeles de Pie por Tí y Por las Voces sin Justicia en Sinaloa, quienes han reportado casos en los que personas que buscaban a sus familiares desaparecidos han sido asesinadas. El Gobierno Mexicano sostiene que ha implementado medidas de protección, pero las agresiones y asesinatos contra quienes realizan estas búsquedas continúan, evidenciando una crisis de seguridad y justicia. Jesús Peña, de la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), mencionó que desde 2019 al menos nueve mujeres han sido asesinadas por su labor de búsqueda.

Los testimonios de estas personas buscadoras y organizaciones resaltan el peligro y la impunidad que enfrentan a diario en su lucha por encontrar a sus seres queridos. Han solicitado a la CIDH que el Estado mexicano reconozca su labor y proteja sus vidas. La situación pone en tensión la necesidad urgente de una respuesta efectiva por parte de las autoridades para garantizar la seguridad y justicia para las víctimas y sus familias.