Un contingente conformado por activistas y familiares de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa desaparecidos arrojaron petardos contra las instalaciones del Senado de la República en la Ciudad de México.
De acuerdo con reportes extraoficiales, este 28 de febrero personas encapuchadas lanzaron al menos cinco artefactos explosivos, uno de los cuales no detonó, por lo que personal especializado intervino para desactivarlo.
Antes de arrojar petardos, los inconformes exigieron justicia con pancartas y consignas como la de “¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos!”.
La exigencia de esta manifestación en particular era una reunión con Ricardo Monreal y Martha Lucía Micher, ambos senadores por Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), quienes presiden respectivamente la Junta de Coordinación Política (Jucopo) y la Comisión para la Igualdad de Género.
Los padres de los estudiantes de Normal Rural de Ayotzinapa, Guerrero advirtieron que se alejarían del Senado hasta ser atendidos por los legisladores.
Previamente llevaron a cabo un bloqueo sobre avenida Insurgentes, en la parte trasera del recinto legislativo, a una cuadra de avenida Paseo de la Reforma.
Los avances en el caso Ayotzinapa
En enero de este año la audiencia contra Jesús Murillo Karam, extitular de la extinta Procuraduría General de Justicia (PGJ), fue aplazada por segunda vez. Se prevé que la Fiscalía General de la República (FGR) solicite 82 años de prisión.
Mientras llega la fecha de la audiencia, programada para abril de este año, la familia de Karam busca que le sea concedida prisión domiciliaria debido a los problemas de salud que lo mantienen en un hospital.
Por otra parte, en el pasado 7 de febrero la defensa legal de familiares de los desaparecidos de Ayotzinapa se lanzaron contra la FGR por “perder” a un testigo protegido que se tenía que presentar a declarar ante la jueza Raquel Ivette Duarte Cedillo y que no pudo ser localizado en su domicilio.
En la misma fecha la jueza dictó auto de formal prisión en contra de los ocho militares presuntamente involucrados en el caso Ayotzinapa, todos ellos acusados de delincuencia organizada. Testigos protegidos de la FGR, ex miembros de Guerreros Unidos, los señalaron por recibir sobornos de parte del grupo criminal.
Mientras que un juez dictó la absolución de un presunto implicado, Ángel “N” alias El Mochomo. Sin embargo, la FGR apeló, por lo que sigue recluido en el Penal del Altiplano, acuso de delincuencia organizada y desaparición forzada.
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