Así es el negocio de tiempos compartidos con el que el CJNG realiza fraudes millonarios en Acapulco, Cancún y Puerto Vallarta

En septiembre de 2020, el Gobierno de Estados Unidos emitió una alerta a su ciudadanía debido al incremento de casos de fraudes vinculados a tiempos compartidos establecidos en México. Casi tres años después, el Departamento del Tesoro reveló que detrás de este esquema de estafas se encontraba el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Una reciente investigación de Steve Fisher para USA Today retoma la historia de un ciudadano de la Unión Americana que fue víctima de esta organización criminal.

Según su testimonio, el primer contacto ocurrió en diciembre de 2011. Un supuesto agente de bienes raíces llamó a Stephen para ofrecerle 65 mil dólares por el tiempo compartido del que era dueño en Cancún.

Al hombre le pareció una propuesta atractiva, ya que lo había comprado por 47 mil dólares seis años atrás y su familia ya no lo usaba como antes.

No obstante, para iniciar el proceso, el presunto comprador dijo que Stpehen debía pagar la suma inicial de tres mil 900 dólares por concepto de un “impuesto federal mexicano”, el cual serviría como depósito. Ese fue el primer paso de una estafa que, a la larga, le costó al estadounidense un total de 1,8 millones de dólares.

Investigaciones del gobierno federal citadas por USA Today refieren que, en la última década, miles de ciudadanos estadounidenses —mayoritariamente personas de la tercera edad— han caído en este esquema de fraude perpetrado por cárteles mexicanos.

Estas estafas relacionadas con tiempos compartidos serían principalmente cometidas por el CJNG y habrían iniciado en Puerto Vallarta, Jalisco. Con el paso de los años, se han expandido a zonas como Cancún, Quintana Roo, y Acapulco, Guerrero.

La investigación periodística especifica que el modus operandi del CJNG en este rubro consiste en reclutar trabajadores para call centers que hablen inglés a la perfección.

Ahí, les enseñan a identificar posibles víctimas en EEUU que quieran vender sus propiedades. Aprenden a falsificar documentos e incluso suelen robar identidades de abogados reales.

En ese punto, el cártel puede tomar dos vías. La primera consiste en convencer a sus víctimas de realizar una serie de pagos por falsos impuestos, “cargos de registros” y “costos de cierre”. Una vez que obtienen la suma deseada, desaparecen del radar y no vuelven a llamar a la persona.

No obstante, cuando no consiguen su cometido en ese primer acercamiento, toman otra ruta. Si su víctima no entregó el dinero solicitado —por sospechar de un fraude o cualquier otro motivo—, dejan de llamarla durante un tiempo. Pasados meses, o incluso años, la contactan nuevamente haciéndose pasar por abogados.

En este caso, según fuentes consultadas por Steve Fisher, suelen decirle a sus víctimas que sus datos fueron encontrados durante una investigación policiaca por fraude y que se les debe un pago por reparación del daño.

Stephen fue víctima de esto. En 2021, diez años después del primer contacto, recibió la llamada de una supuesta abogada que dijo formar parte de una investigación contra empresas y bancos que participaban en un esquema fraudulento.

La estafadora hizo creer a Stephen que el caso estaba siendo llevado por la Suprema Corte mexicana y, al buscar sus datos, el hombre encontró indicios para creer que todo era legítimo. Le prometieron que se le devolverían seis millones de dólares, pero primero debía cubrir un pago de más de cien mil dólares por honorarios e impuestos judiciales propios del proceso.

Una vez que entregó el dinero, recibió otra llamada en la que le dijeron que estaba siendo investigado por la Policía Internacional (Interpol) debido a sus cuantiosas transferencias a bancos mexicanos. Incluso le mostraron una imagen de su supuesta ficha de búsqueda. En total, Stephen había realizado 99 envíos de dinero a por lo menos 12 cuentas bancarias. Para eliminarlo de la lista de objetivos de la Interpol, le exigieron más dinero.

Como parte de las investigaciones contra el CJNG, la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) ha emitido múltiples sanciones contra empresas y personas asentadas en zonas como Puerto Vallarta, base de operaciones de Los Cuinis, identificado como el brazo financiero del cártel de las cuatro letras.