¿Sandra Cuevas podría ser multada o inhabilitada por su vehículo RZR? Esto dice la ley

Sandra Cuevas tiene los días contados como alcaldesa de la Cuauhtémoc, cargo que tiene que dejar antes del 2 de marzo si quiere competir por una senaduría de la mano de Movimiento Ciudadano (MC). Esta situación ha hecho que los internautas le exijan cuentas claras y que responda por los pendientes que deja.

Desde que inició el 2024, una de las grandes dudas que ha generado Cuevas Nieves es de dónde provino el vehículo RZR de lujo que incorporó a su famoso “Operativo Diamante”.

Desde que dejó ver en redes sociales su todoterreno, valuado en más de 700 mil pesos, la alcaldesa se ha empeñado en ocultar cómo lo obtuvo y ha asegurado más de una vez que fue un “regalo de Reyes Magos”.

El pasado 2 de febrero INFOBAE informó que, a través de una solicitud de transparencia, la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales de la Cuauhtémoc dijo que desconocía el costo del vehículo, así como las placas que supuestamente le fueron asignadas para que circulara por las calles de la Ciudad de México, esto a pesar de que ha sido usado para labores de seguridad de la alcaldía.

Recientemente, el medio Animal Político cuestionó a través de una llamada telefónica a la funcionaria sobre el origen de su vehículo.

—¿Se lo compró usted?—, la cuestionaron, a lo que ella simplemente contestó: “Es un regalo de los Reyes Magos [...] ¿O no existen los Reyes Magos?”, dijo al medio antes citado y agregó que no tenía la factura porque la tenían “Melchor, Gaspar o Baltasar”.

De no aclarar el origen del excéntrico vehículo RZR, Sandra Cuevas podría enfrentar serias consecuencias que incluso podrían poner en riesgo su candidatura por un escaño en la Cámara de Senadores.

Y es que en México la Ley General de Responsabilidades Administrativas establece que los funcionarios públicos deben actuar con integridad y ética en el desempeño de sus funciones. Según esta ley, los funcionarios públicos están prohibidos de solicitar, aceptar o recibir, por sí mismos o por interpósita persona, cualquier regalo, donativo, promesa o beneficio personal a cambio de realizar, retardar o dejar de realizar un acto relacionado con sus funciones.

Esta ley hace una excepción para obsequios que por costumbre, uso o protocolo se reciban a título personal y que no comprometan la imparcialidad o el desempeño de sus funciones. Por ejemplo, un funcionario público puede recibir pequeños souvenirs o artesanías típicas de un país como gesto de cortesía durante una visita oficial. También podrían recibir obsequios menores durante festividades específicas, reconocimientos en eventos públicos, o intercambios culturales, siempre que estos regalos no excedan un valor monetario establecido por las normativas internas de la institución.

Estos presentes no deben tener un valor significativo y deben ser reportados de acuerdo con los procedimientos establecidos por la institución para la que trabajen. La normativa busca prevenir conflictos de interés y garantizar la transparencia y la honestidad en el servicio público.

Si un funcionario público en México acepta un regalo y con ello infringe la Ley General de Responsabilidades Administrativas, se enfrenta a varias posibles consecuencias dependiendo de la gravedad de la infracción. Las sanciones establecidas en esta ley varían desde amonestaciones públicas hasta la destitución e inhabilitación para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público por un período determinado. Además, se pueden imponer sanciones económicas, como multas cuyo monto dependerá de la naturaleza y la gravedad del acto cometido.

Las infracciones a esta ley son consideradas como faltas administrativas, que pueden ser no graves o graves. Las faltas graves incluyen acciones como el enriquecimiento ilícito, el ejercicio abusivo de funciones, la contratación indebida, entre otras, y tienen como resultado sanciones más severas.

Cualquier persona, ya sea un particular, un grupo de ciudadanos, una organización de la sociedad civil o un servidor público, tiene el derecho y la facultad de presentar una denuncia en caso de tener conocimiento de una posible falta administrativa cometida por un funcionario público que infrinja la Ley General de Responsabilidades Administrativas en México. Las denuncias pueden dirigirse a la Secretaría de la Función Pública, a los Órganos Internos de Control de las dependencias o entidades correspondientes, o a través de las plataformas digitales habilitadas por estas instituciones para tal efecto.

En el caso de Sandra Cuevas, la aceptación de un obsequio de tal magnitud, sin justificación apropiada y sin seguir los procedimientos de declaración y transparencia requeridos, podría ser interpretada como un acto de corrupción, conflictos de interés, o enriquecimiento ilícito, dependiendo de las circunstancias específicas del caso.

En caso de comprobarse la infracción a la ley, las consecuencias para la funcionaria pueden incluir desde sanciones administrativas, como amonestaciones, multas o la destitución e inhabilitación para ocupar cargos públicos, hasta implicaciones de índole penal si se considera que el acto constituye un delito conforme a otras leyes aplicables.

Cabe apuntar que esto es aplicable aún cuando la funcionaria haya dejado su cargo.