Santiago Taboada se lanzó contra Batres tras acusar intimidación; esto fue lo que le dijo

La Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México emitió un apercibimiento contra Santiago Taboada, candidato electo del PAN, PRI y PRD a la Jefatura de Gobierno de la metrópoli, en relación con una investigación por presuntas amenazas.

La medida impuesta prohíbe al político acercarse o comunicarse con la persona que presentó la denuncia en su contra. Esta acción legal surge tras la denuncia presentada por una extrabajadora que acusa a Taboada de amenazas, llevando a la Fiscalía a iniciar una carpeta de investigación.

En respuesta, Santiago Taboada ha acusado al actual Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, y al fiscal Ulises Lara, de orquestar esta medida como un intento de intimidación.

Estas alegaciones fueron expuestas por el propio Taboada a través de un video difundido en sus redes sociales, donde mostró la llegada de agentes de la Policía de Investigación a su domicilio para realizar la notificación correspondiente.

En su declaración, Taboada mencionó que, a su parecer, tanto Batres como Lara buscan amedrentarlo mediante estas acciones, describiendo la situación de como los agentes llegaron a su hogar en un vehículo no oficial y sin identificaciones claras, pero afirmó estar listo para enfrentar lo que considera un acto de coacción política.

Santiago Taboada denunció mediante un video difusión en plataformas digitales un intento de intimidación por parte de autoridades de la Ciudad de México. En la grabación, expuso la presencia de agentes de la Policía de Investigación de la capital en su residencia, quienes se presentaron en un vehículo sin identificaciones oficiales.

Taboada señaló directamente a Martí Batres y a Ulises Lara, fiscal relacionado familiarmente con Batres, como los responsables de este acto.

La denuncia de Taboada surgió después de alegar que se le intentaba imputar un delito de manera injusta y expedita, cuestionando la rapidez del proceso judicial en su contra en contraste con la lentitud en la resolución de casos de violencia y desapariciones en la Ciudad de México.

Además, retó a las autoridades a concentrar sus esfuerzos en resolver problemas más urgentes para la sociedad.

En su mensaje, Santiago Taboada reiteró su falta de miedo ante estas acciones y exhortó al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México a dedicarse a trabajar por el bien de la ciudadanía.

La Fiscalía de la Ciudad de México ha implementado una medida precautoria contra el ex alcalde Santiago Taboada, al prohibirle aproximarse o comunicarse con Alejandra Orozco Pacheco, ex empleada de la alcaldía de Benito Juárez, quien lo denunció por el delito de amenazas.

Los hechos denunciados ocurrieron en el marco de la agresión a asistentes durante una firma para la revocación de mandato el 3 de mayo de 2023.

Según Orozco, Taboada presuntamente instruyó reunir a un grupo de personas con el objetivo de intimidar a los ciudadanos que participaban en la recogida de firmas para una revocación de mandato en la alcaldía Benito Juárez.

La denunciante sostiene que, además de este grupo, se contrató a un grupo de choque vinculado a actividades delictivas para sabotear el evento, agrediendo físicamente a los asistentes y sustrayendo las firmas ya recopiladas. Tras estos eventos, Orozco afirma haber sido objeto de amenazas por parte de Taboada para que guardara silencio sobre lo sucedido.

Esta disposición también incluye la prohibición de que Taboada se acerque a la residencia o cualquier otro lugar donde se encuentre Orozco Pacheco, así como la realización de actos que puedan resultar intimidantes o molestos para ella o quienes la acompañen.

Esta medida fue tomada tras la ratificación de la denuncia de Orozco Pacheco en febrero del año pasado, donde acusó a Taboada de instruirla para reunir a un grupo de 10 personas con el objetivo de agredir a los participantes en un acto de revocación de mandato llevado a cabo el 3 de mayo de 2023.

La Fiscalía explicó que el incumplimiento de esta medida por parte del acusado podría resultar en una sanción económica equivalente a hasta 20 días de salario mínimo, enfatizando que la orden de restricción no implica la detención o presentación de Taboada ante autoridades judiciales.

Es importante resaltar que estas acciones por parte de la Fiscalía buscan salvaguardar la integridad y seguridad de la denunciante y sus allegados, estableciendo claras consecuencias para el ex servidor público en caso de desacato.