La Fiscalía General del Estado (FGE) ha iniciado una investigación para localizar a los implicados en el secuestro de Germán “N”, Secretario de Seguridad Pública Municipal de Berriozábal.
La privación de la libertad del funcionario ocurrió al mediodía de este 23 de febrero. La denuncia fue emitida por la Policía Municipal de Berriozábal, poniendo en alerta a las autoridades locales.
Este acontecimiento ha dado lugar a una operación de búsqueda a cargo del Grupo Interinstitucional, con el objetivo de determinar el paradero de la víctima.
La Fiscalía de Distrito Centro confirmó que, tras recibir el aviso de la situación de emergencia, unidades especializadas se han desplegado por la región en un esfuerzo coordinado para asegurar el retorno seguro del funcionario municipal.
En tanto, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana (SSPC) de Chiapas y de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), así como de la Guardia Nacional se desplegaron en la zona para dar con el paradero del secretario, quien hasta el momento no se ha informado si había sido amenazado por algún grupo delictivo.
En el lugar se realizan sobrevuelos de helicópteros de las fuerzas de seguridad estatal en la zona.
Este secuestro se suma al ocurrido en junio del 2023, cuando un comando armado privó de su libertad a trabajadores de la SSPC de Chiapas, los cuales liberó tres días después.
Los 33 trabajadores de la dependencia de seguridad estatal, 16 hombres y 17 mujeres, viajaban en el tramo carretero de Ocozocoautla-Tuxtla Gutiérez el 27 de junio, cuando a la altura del crucero Llano San Juan, fueron interceptados por un comando armado que los obligó a descender a sus vehículos ante la mirada de otros automovilistas que pasaban por la zona.
El grupo que secuestró a los trabajadores estatales dejó ir a las mujeres, por los que las autoridades comenzaron una fuerte búsqueda por tierra y aire.
Un día después del secuestro de los funcionarios, en redes sociales comenzó a circular un video en donde los trabajadores privados de su libertad, mencionaron que se encontraban bien de salud, pero solicitaron la intervención del gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón para que fueran rescatados.
En esa grabación, un trabajador de la Secretaría de Seguridad Pública del estado leyó el pliego petitorio del grupo criminal. Visiblemente nervioso, esta persona pidió la renuncia de tres funcionarios de la dependencia para que fueran liberados.
Pidió la destitución de Francisco Orante Abadía, subsecretario de Seguridad Pública; además de Roberto Yair Hernández, director de la Policía Estatal Fronteriza; así como de Marco Antonio Burguete, director de la Policía Estatal Preventiva.
Por estos hechos, el presidente Andrés Manuel López Obrador mencionó en su conferencia matutina del 28 de junio que no habría impunidad y aseguró que su Gobierno no es cómplice de la delincuencia organizada, por lo que pidió a los secuestradores la liberación de los trabajadores de la SSyPC: “Lo mejor es que los liberen, si no los voy a acusar con sus papás y con sus abuelos”.
Agregó que no iba a aceptar las condiciones que el grupo criminal exigía, al tiempo de calificarlos de “inocentes”.
Además, Chiapas es un lugar por donde ingresan por tierra drogas provenientes de Centroamérica, por lo que los municipios considerados como foco rojo son Frontera Comalapa, Mazapa de Mader, Amatenango de la Frontera y Motozintla.
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