NYT revela investigación de EEUU por supuestos nexos entre aliados de AMLO y el narco

Agentes estadounidenses pasaron años investigando una serie de acusaciones de que aliados del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se reunieron con cárteles de la droga y recibieron millones de dólares después de que él asumiera su cargo, según registros del Gobierno de Estados Unidos y tres personas familiarizadas con el tema.

La investigación, que no se había reportado anteriormente, reveló información que apuntaba posibles vínculos entre poderosos operadores de los cárteles y asesores y funcionarios mexicanos cercanos al presidente mientras gobernaba el país.

Sin embargo, Estados Unidos nunca inició una investigación formal en contra de López Obrador y los agentes involucrados cerraron el caso. Llegaron a la conclusión de que el Gobierno de Estados Unidos tenía poco interés en presentar acusaciones contra el líder de uno de sus principales aliados, mencionaron tres personas cercanas al tema, quienes no estaban autorizadas para hablar públicamente.

López Obrador calificó las acusaciones de ser “completamente falsas” en respuesta a las preguntas de The New York Times el jueves 22 de febrero. Dijo que la noticia de la investigación no afectaría “de ninguna manera” la relación entre México y Estados Unidos, pero esperaba una respuesta del gobierno norteamericano.

“¿Esto disminuye la confianza que el gobierno mexicano tiene en Estados Unidos?”, dijo López Obrador en una conferencia de rutina y agregó: “El tiempo lo dirá”.

Los cárteles de la droga se han infiltrado durante mucho tiempo en el Estado mexicano, desde los más bajos hasta los más altos niveles del gobierno. Le pagan a las policías, manipulan a los alcaldes, cooptan a altos funcionarios y dominan amplias zonas del país.

Si bien los recientes esfuerzos de agentes estadounidenses identificaron posibles vínculos entre los cárteles y los colaboradores de López Obrador, no encontraron ninguna conexión directa entre el propio presidente y las organizaciones criminales. Al respecto, funcionarios estadounidenses se negaron a brindar declaraciones.

Mucha de la información recolectada por los oficiales de EEUU provino de informantes cuyos relatos pueden ser difíciles de corroborar y, en ocasiones, terminan siendo erróneos. Los agentes obtuvieron la información mientras investigaban las actividades de los cárteles, y no estaba claro qué porcentaje de lo que los informantes detallaron fue confirmado de manera independiente.

Por ejemplo, los registros muestran que un informante les dijo a los investigadores que uno de los confidentes más cercanos de López Obrador se reunió con Ismael ‘El Mayo’ Zambada García, un alto líder del Cártel de Sinaloa, antes de su victoria en las elecciones presidenciales de 2018.

Una fuente diferente les dijo que después de la elección del presidente, un fundador del notoriamente violento Cártel de Los Zetas pagó cuatro millones de dólares a dos de los aliados de López Obrador con la esperanza de poder salir de prisión.

Los investigadores obtuvieron información de una tercera fuente, la cual sugería que los cárteles de la droga tenían en su poder videos de los hijos del presidente recibiendo dinero de la droga, según muestran los registros. López Obrador negó todas las acusaciones hechas por los informantes.

Los agentes del orden de EEUU también rastrearon de manera independiente los pagos de personas que creían que eran operadoras del cártel a intermediarios de López Obrador, dijeron dos de las personas familiarizadas con la investigación.

Al menos uno de esos pagos, comentaron, se hizo aproximadamente en las mismas fechas en las que López Obrador viajó al estado de Sinaloa en 2020 y conoció a la madre del narcotraficante Joaquín Guzmán Loera, mejor conocido como ‘El Chapo’, quien ahora cumple cadena perpetua en una prisión federal estadounidense.

Hace más de una década, una investigación alterna de la Administración de Control de Drogas (DEA) descubrió acusaciones de que los traficantes habrían donado millones a la fallida campaña presidencial de López Obrador en 2006. Esta investigación, detallada por tres medios el mes pasado, se cerró sin que se emitiera algún cargo.

Para EEUU, presentar cargos penales contra funcionarios extranjeros de alto nivel es una tarea poco usual y complicada. Armar un caso legal contra López Obrador sería particularmente desafiante. La última vez que Estados Unidos presentó cargos penales contra un alto funcionario mexicano, terminó retirándolos luego de que su arresto provocara una ruptura diplomática con México.

La administración de Joe Biden tiene un enorme interés en gestionar su relación con López Obrador, a quien considera indispensable para contener el aumento en la migración que se ha convertido en uno de los temas más polémicos de la política estadounidense. Es una gran preocupación para los votantes en el periodo previo a las elecciones presidenciales de este otoño.

Además, México es uno de los principales socios comerciales de EEUU y es el colaborador más importante de este país en los esfuerzos para frenar el cruce de drogas ilícitas como el fentanilo por la frontera sur.

Las agencias policiales estadounidenses tienen jurisdicción para investigar y presentar cargos contra funcionarios de otros países si pueden demostrar una conexión con los narcóticos que cruzan la frontera hacia EEUU.

Aunque es poco común que agentes estadounidenses persigan a altos funcionarios extranjeros, no es algo sin precedentes: el juicio por narcotráfico contra Juan Orlando Hernández, expresidente de Honduras, comenzó esta semana en el Tribunal Federal de Distrito de Manhattan.

Los fiscales federales de Nueva York también consiguieron el año pasado una condena por corrupción contra Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública de México, convenciendo al jurado de que había aceptado millones de dólares en sobornos de cárteles violentos a los que se suponía debía perseguir.

Si bien los esfuerzos para escudriñas a los aliados de López Obrador ya no están activos, la revelación de que funcionarios en EEUU estaban examinando silenciosamente acusaciones de corrupción en su contra podría ser perjudicial en sí misma.

Los informes de los medios del mes pasado, incluido uno de ProPublica, sobre una investigación estadounidense respecto a donaciones para su campaña de 2006 (para una elección que no ganó) provocaron una tormenta en México.

López Obrador denunció públicamente las historias, dando a entender que tenían como objetivo influir en las elecciones presidenciales del país en junio, en las que su protegida, la exalcaldesa de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, lidera la carrera para reemplazarlo. Sugirió que los informes podrían complicar las conversaciones sobre migración y fentanilo con el gobierno de Estados Unidos y dijo que consideraba no recibir al asesor de seguridad nacional del presidente Biden para una reunión planificada en la capital mexicana.

“¿Cómo vamos a estar sentados en la mesa hablando de lucha contra las drogas si ellos, o una de sus instituciones, están filtrando información y haciéndome daño?” dijo López Obrador en una conferencia de prensa habitual días después de la publicación de las historias.

Después de que el presidente Biden llamó a López Obrador para calmar las tensiones, la ministra de Relaciones Exteriores mexicana dijo que la asesora de Seguridad Nacional de Estados Unidos le aseguró a México “que este es un tema cerrado para ellos”.

La administración Biden ha manejado a López Obrador con mucho cuidado, evitando las críticas públicas y enviando repetidamente a altos funcionarios a la Ciudad de México para reunirse con él y presionar en privado para que se apliquen medidas migratorias sostenidas.

La decisión de dejar inactiva la reciente investigación, dijeron personas familiarizadas con ella, se debió en gran parte al fracaso de un caso de corrupción separado y altamente polémico. En los últimos meses de la administración Trump en 2020, funcionarios estadounidenses presentaron cargos contra el general Salvador Cienfuegos Zepeda, quien se desempeñó como secretario de Defensa de México de 2012 a 2018.

En una acusación federal, revelada en Nueva York después de una investigación de varios años denominada “Operación Padrino”, los fiscales acusaron al general Cienfuegos de utilizar los poderes de su cargo para ayudar a un grupo criminal violento llamado Cártel H-2 a llevar a cabo sus operaciones de narcotráfico.

Su arresto en el aeropuerto de Los Ángeles provocó furor dentro del gobierno mexicano, particularmente entre los líderes de las fuerzas armadas del país, que han asumido mayores responsabilidades y poder bajo el gobierno de López Obrador.

El presidente dijo que los cargos fueron “fabricados” y su administración publicó más de 700 páginas de comunicaciones interceptadas por agentes estadounidenses que pretendían mostrar actividad criminal pero que no fueron concluyentes.

La DEA, que ya tenía un historial accidentado como protagonista de una guerra contra las drogas considerada sangrienta e inútil, sufrió un tremendo golpe en su relación con el gobierno mexicano.

Apenas unas semanas después de que se produjera el arresto, el Departamento de Justicia de Estados Unidos, bajo una fuerte presión de López Obrador, dio marcha atrás y desestimó la acusación, enviando al general Cienfuegos de regreso a México.

El episodio no solo dañó acuerdos de seguridad de amplia trayectoria entre los dos países, sino que también dejó una profunda impresión en los agentes del orden al norte de la frontera, muchos de los cuales vieron el caso fallido como una advertencia sobre la realización de esfuerzos similares contra otros funcionarios mexicanos de alto rango.