Un juez federal dio tres días a la Fiscalía General de la República (FGR) para informar si determinó no ejercer acción penal contra algún ex funcionario por supuestos actos de tortura contra Mario Aburto Martínez, asesino confeso del candidato presidencial del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Luis Donaldo Colosio Murrieta.
El titular del Juzgado Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal estableció, dentro del amparo 232/2022, el tiempo de tres días al organismo autónomo para que dé las razones legales por las que decidió no ejercer acción penal.
Dentro de los ex funcionarios estaría el ex presidente Carlos Salina de Gortari y el ex gobernador de Sonora, Manlio Fabio Beltrones.
“Requiérase al agente del Ministerio Público responsable, para que dentro del término de tres días, informe si ya se autorizó en definitiva el no ejercicio que refiere la promovente y de ser así, remitan las constancias que lo acreditan o manifiesten el impedimento legal que tengan para ello”, expuso el juzgador que citó el diario El Financiero.
El pasado 13 de febrero, la FGR declaró que no se encontraron elementos probatorios de algún acto de tortura cometido por servidores públicos durante su traslado al Penal del Altiplano el 23 de marzo de 1994, tal como lo había indicado en un amparo promovido Aburto.
En un documento, compartido por la periodista Laura Sánchez Ley, se menciona que el 21 de noviembre del 2023 la FGR “determinó el No Ejercicio de la Acción Penal”.
“No se logra acreditar que los servidores públicos [...] hayan realizado una acción dolosa, tendiente a infligir dolores o sufrimientos graves ni físicos ni psíquicos a Mario Aburto Martínez”, se lee en el dictamen de la FGR sobre el amparo de Mario Aburto.
Se menciona que las investigaciones de la FGR se sustentaron en testimonios de los servidores públicos que participaron en la detención y en la custodia del asesino confeso, quien alegó que había sido víctima de actos de tortura para rendir su declaración luego de ser detenido.
La determinación del MPF se dio a conocer luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador rechazara indultar a Mario Aburto y la FGR reviviera la hipótesis de que Jorge Antonio Sánchez Ortega, agente del extinto Centro de Investigación y Seguridad Nacional, habría participado como un segundo tirador en el magnicidio.
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