Menos de una semana después de haber sido arrestado, José Chejín Pulido, exsecretario de Hacienda de Quintana Roo durante el gobierno de Mario Villanueva, quedó en libertad.
Reportes del periodista Rubén Mosso, publicados en Milenio, señalaron que el exfuncionario salió del penal del Altiplano, en el Estado de México, la mañana del 13 de febrero luego de que una jueza federal emitiera una sentencia absolutoria en su favor.
El motivo de esto es que los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita que le imputó la Fiscalía General de la República (FGR) ya prescribieron.
Según la investigación de las autoridades federales, Chejín Pulido habría formado parte de una red de corrupción, encabezada por Mario Villanueva, que se dedicaba a lavar dinero del Cártel de Juárez.
Sin embargo, el expediente fue consignado por la extinta Procuraduría General de la República (PGR) en el año 2000, por lo que se consideró que Chejín ya no podría ser procesado por tales ilícitos.
Al ser entrevistado por Milenio, el abogado Ángel Torres Fritz confirmó que la intención de las autoridades era vincular a Chejín Pulido en la misma carpeta de investigación de Mario Villanueva por supuestamente ser el encargado de manejar los recursos provenientes del Cártel de Juárez.
No obstante, la jueza Marcela Guadalupe Castro resolvió que, al haber pasado 24 años de que se abriera el expediente, los delitos ya habían prescrito y, al absolverlo, Chejín Pulido no puede ser juzgado nuevamente por dichas acusaciones.
Debido a que no existe ninguna otra causa penal en contra de José Chejín, el exsecretario de Hacienda de Quintana Roo abandonó el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) No. 1 y regresó a su casa en Chetumal.
Pulido había sido capturado el pasado 5 de febrero por personal de la FGR y trasladado un par de días después al Estado de México.
La orden de aprehensión en su contra fue emitida desde abril de 2005 y, además de los supuestos vínculos con el crimen organizado, las acusaciones del expediente señalaron un aparente financiamiento ilícito a los candidatos del Partido Revolucionario Institucional (PRI) que aspiraban a una diputación en 1996.
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