Para el Super Bowl LVIII, México envió a Estados Unidos un aproximado de 138 mil toneladas de aguacate con la intención de cubrir la demanda de las y los aficionados al fútbol americano que acostumbran preparar guacamole para disfrutar el espectáculo.
De dicha cantidad, 130 mil toneladas del llamado ‘oro verde’ fueron producidas en el estado de Michoacán, un territorio en donde este fruto ha tenido una íntima relación con el crimen organizado en las últimas décadas.
En 2022, Michoacán produjo el 73% del total de aguacates en todo el país, teniendo a los municipios de Tancítaro, Uruapan y Tacámbaro como los más relevantes para la industria.
No obstante, la ampliación de cultivos de aguacate no se ha traducido en ganancias equitativas para todos los involucrados y, en varias ocasiones, ha estado motivada por acuerdos entre el crimen organizado y funcionarios locales.
Para la década de 1980, el Gobierno Federal aplicó una serie de recortes a programas públicos de apoyo a la agricultura que llevó a muchas familias productoras a perder sus tierras. En ese entonces, ya existían pequeños grupos criminales (como la familia Valencia, fundadora del Cártel del Milenio) expertos en la producción y exportación de marihuana y amapola.
“Poco a poco, los que tenían dinero eran los que cultivaban marihuana [...] Y empezaron a prestar dinero, a financiar actividades limpias en lugar de los bancos [...] Generaban actividad, invertían, y eso creaba un vínculo y un compromiso”, dijo un antiguo presidente municipal a Romain Le Cour Grandmaison y Paul Frissard Martínez, autores de la investigación Violento y próspero: el auge del aguacate en México y su relación con el crimen organizado.
Con un amplio capital a su disposición, los capos comenzaron a comprar tierras que les permitieron, por un lado, blanquear su dinero y, por el otro, incrementar sus cultivos ilegales. “Las drogas y las frutas y verduras, como el aguacate, se integraron perfectamente en esta dinámica”, señala el informe.
Con su expansión dentro del estado, los cárteles de la droga necesitaron protección de funcionarios de un nivel cada vez más alto, lo que les permitió obtener licencias de cultivo en terrenos en los que antes estaba prohibido realizar actividades agrícolas. Entre el 2000 y 2005, cada año se transformaron mil 741 hectáreas de bosque en huertas de aguacate.
Otro ejemplo de los vínculos entre el narco y las autoridades fue visible en 2009, cuando líderes de La Familia Michoacana convocaron a una reunión a los aguacateros que poseían huertas de más de cinco hectáreas.
Los líderes del grupo criminal tenían en su poder los registros oficiales de la Secretaría de Agricultura de Michoacán con todos los datos de las y los productores. El motivo de la reunión era extorsionar a los habitantes con un cobro a cambio de protección de Los Zetas.
Para 2012, los Caballeros Templarios —emanados de La Familia Michoacana— aprovecharon su acceso a los registros agrícolas y los catastros para exigir a cada cultivador dos mil pesos por hectárea. Sumado a esto, obligaban a la gente a pagar un impuesto por cada kilogramo vendido y extendieron su negocio hasta las empresas empacadoras, las cuales también debían realizar un pago al grupo criminal.
Los anhelos de los cárteles por dominar la industria agrícola de Michoacán se mantienen hasta la actualidad. A finales de diciembre de 2023 se registró que un grupo de presuntos sicarios de Cárteles Unidos torturó y asesinó a una familia en el municipio de Los Reyes, Michoacán. ¿La razón? Se habían negado a entregarles su granja de aguacates.