¿Qué pasará con los expolicías federales si la Guardia Nacional pasa a la Sedena? Esto dice la reforma de AMLO

El 31 de diciembre de 2019 fue el último día de la Policía Federal. Tras 90 años en funciones, la corporación se extinguió por decreto del presidente Andrés Manuel López Obrador para dar paso el 1 de enero de 2020 a la Guardia Nacional, una institución que se concibió como de carácter civil e incorruptible encargada de la seguridad pública de los mexicanos en total apego al respeto de los derechos humanos.

Algunos integrantes de la ahora extinta Policía Federal fueron adheridos a la naciente corporación de seguridad, aunque no con todos los derechos que gozaban, lo cual desató un conflicto que incluyó en 2019 protestas, movilizaciones, paros y hasta amparos para que se respetaran su antigüedad, sueldo, prestaciones sindicato, horarios, entrega de uniformes y otras condiciones laborales. De acuerdo con el Gobierno de México, en 2021 había cerca de 24 mil expolicías federales en la GN de los más de 30 mil que se contaban cuando aún existía la PF.

De inicio, la Guardia Nacional quedó adscrita a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), tal como la Policía Federal dependía en su momento de la extinta Secretaría de Seguridad Pública (SSP); sin embargo, AMLO envió en 2002 un decreto para que la GN pasara a formar parte de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Sin embargo, en abril de 2023 la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inconstitucional la transferencia tanto administrativa como operativa de la corporación a la Sedena ya que se violaba su principio de ser un ‘ente civil’, además de que invalidó la facultad de que el titular de la Sedena nombrara a un militar como comandante de la Guardia Nacional. Entonces, su control regresó a la SSPC.

López Obrador condenó la resolución de los ministros y los acusó de actuar como en tiempos de Felipe Calderón y García Luna. Desde entonces no ha quitado el dedo del renglón de regresar a la corporación a la Sedena, esto como parte de la estrategia que a lo largo de su sexenio ha empoderado al Ejército con la construcción de obras o la operación de aeropuertos, que ha desatado una ola de críticas por considerar que se trata de una militarización.

A casi un año de que la Guardia Nacional regresara a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana a cargo de Rosa Icela Rodríguez Velázquez, este 5 de febrero Andrés Manuel López Obrador envió al Congreso nuevamente una iniciativa de reforma para que la Sedena tome control de la corporación y ésta sea reconocida constitucionalmente como parte de las Fuerzas Armadas (FA), aunque con “la función esencial de apoyo a la seguridad pública”.

En ella se establece que los guardias nacionales gozarán de los mismos beneficios laborales que los miembros de las FA, pero que también quedarían sujetos al fuero militar para efectos disciplinarios y que en caso de cometer algún delito o violación de los derechos humanos serán juzgados por tribunales civiles, además de que a la GN se le darían facultades para investigar delitos, tal como hasta ahora lo hace el Ministerio Público.

Sin embargo, hay un punto que salta de esta reforma constitucional, pues en el sexto transitorio se establece que -de ser aprobada- el Ejecutivo Federal dispondrá lo conducente para cesar al personal procedente de la extinta Policía Federal y éste quede adscrito a la SSPC, conservando sus derechos laborales adquiridos. ”El personal que pertenezca a los organismos especializados, podrá continuar prestando sus servicios a la Guardia Nacional de manera temporal, conforme a los convenios de de colaboración que para tal efecto se formalicen entre las secretarías de Defensa Nacional y la de Seguridad y Protección Ciudadana”, se lee en la iniciativa de AMLO.

La SSPC también deberá transferir a la Sedena los recursos presupuestarios y financieros que correspondan para cubrir los servicios profesionales de la última plantilla general de plazas aprobada a la extinta Policía Federal y de confianza, así como los gastos de operación de la GN y los recursos materiales destinados para ésta, “con excepción de aquellos requeridos paras el personal que continuará bajo la adscripción de la Secretaría del ramo de Seguridad Pública”.

“Conforme se queden vacantes las plazas de los integrantes de la extinta Policía Federal, la Secretaría del ramo de Seguridad Pública, debe transferir los recursos presupuestales a la Secretaría de la Defensa Nacional”, establece el transitorio 6 de la iniciativa. De igual forma, en el transitorio 3 se establece que el personal naval que forma parte de la Guardia Nacional también será transferido a la Sedena y se le expedirá una nueva patente o nombramiento se expedirá con la antigüedad que posea el elemento conforme a la escala jerárquica del Ejército.

¿Qué significa lo anterior? De acuerdo con la especialista Lilian Chapa-Koloffon, asesora en la Oficina del Secretario de Seguridad de Nuevo León, “la Defensa Nacional sería la gran ganadora. Esto es: las plazas de ex PF y las plazas de SEMAR, todas para SEDENA”, escribió la también investigadora en temas de seguridad en su cuenta de X.