¿Adiós AFORES? Así cambiaría el esquema de pensiones con la iniciativa de reforma de AMLO

En el marco del aniversario de la proclamación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, conmemorado este 5 de febrero, el presidente Andrés Manuel López Obrador propuso aumentar las pensiones. Esta propuesta forma parte de un conjunto de 20 iniciativas de reformas constitucionales que el mandatario pretende implementar antes de concluir su periodo presidencial el próximo 1 de octubre.

Sin embargo, López Obrador podría enfrentar dificultades para la aprobación de sus iniciativas debido a que su partido (Morena) y sus aliados no alcanzan los dos tercios de votos necesarios en el Congreso para realizar cambios en la Constitución. El presidente ha señalado que estas reformas buscan marcar un contraste con las “políticas neoliberales” anteriormente implementadas.

Una de las 20 reformas que busca implementar y que Morena y sus aliados podrían negociar con la oposición para aprobarla es la del sistema de pensiones: la iniciativa del presidente busca revocar las reformas realizadas en 1997 y 2007, en el sexenio de Ernesto Zedillo y Felipe Calderón, las cuales establecieron los fondos para el retiro (AFORES) gestionados por bancos privados.

López Obrador argumenta que estas reformas perjudican a los trabajadores del Seguro Social y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), limitando su capacidad para jubilarse con el 100% de su salario.

El Gobierno de México señala que el esquema de pensiones del país, influenciado por el sistema de pensiones privadas implementado en Chile en 1980, representó un cambio hacia un régimen de aportaciones definidas y la gestión privada de los fondos de pensiones, que en última instancia traspasó el riesgo de las fluctuaciones del mercado directamente a los trabajadores, limitando sus garantías y derechos.

Como consecuencia de estas reformas, México, junto con otros países que siguieron este modelo, ha observado cómo las promesas de pensiones justas y dignas no se han materializado para la mayoría de sus trabajadores, según AMLO.

Datos de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (CONSAR) muestran que apenas el 1% de los trabajadores de la “generación afore” alcanzaría una pensión que se podría considerar justa.

Frente a esta situación, la propuesta de reforma constitucional presentada por el presidente López Obrador para el sistema de pensiones en México incluye los siguientes puntos y cambios:

1. Modificar el artículo 123 de la Constitución para establecer que las personas trabajadoras de 65 años que empezaron a cotizar después del 1° de julio de 1997 bajo la Ley del Seguro Social, así como aquellas bajo el régimen de cuentas individuales que cotizan en el ISSSTE, tengan derecho a una pensión de retiro por vejez igual a su último salario, hasta por un monto equivalente al salario promedio registrado en el IMSS, cuando la pensión obtenida sea menor a dicho promedio.

2. Se propone la creación de un “fondo semilla” a partir del 1º de mayo de 2024, con un monto inicial de 64 mil 619 millones de pesos, el cual se incrementará gradualmente para compensar a los trabajadores afectados. Este Fondo de Pensiones para el Bienestar estará alimentado a partir de diversas fuentes, incluyendo:

• El 75% de los recursos provenientes del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado.
• Recursos obtenidos de la liquidación de la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero.
• Ingresos de la venta de bienes inmuebles sin construcción propiedad del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (FONATUR).
• Montos derivados del cobro de adeudos pendientes ante el Sistema de Administración Tributaria (SAT), ISSSTE y IMSS.
• Recursos por la aplicación de artículos específicos de la Ley del Seguro Social y de la Ley del INFONAVIT.
• Aportaciones provenientes del remanente de utilidades de entidades paraestatales y de enajenaciones de inmuebles propiedad de la nación o del ISSSTE.
• Producto de las inversiones del Fondo de Pensiones para el Bienestar y donaciones de personas físicas o morales.

3. Se establece que el Fondo de Pensiones para el Bienestar estará sujeto a obligaciones de transparencia y fiscalización conforme a la ley, debiendo publicar trimestralmente información sobre sus resultados financieros.

4. Cada ocho años se realizará una evaluación actuarial del Fondo para determinar su suficiencia y, en su caso, fuentes adicionales de financiamiento.

5. El Congreso de la Unión deberá reformar las leyes correspondientes para adecuarlas al contenido del decreto en un plazo no mayor a noventa días naturales tras su entrada en vigor.

6. Las instituciones de seguridad social del Gobierno Federal, en coordinación con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SCHP), deberán adecuar sus reglamentaciones y establecer un procedimiento para garantizar una ventanilla única para el cálculo y pago de las pensiones, dentro de los noventa días naturales siguientes a la entrada en vigor del decreto.

Las propuestas de AMLO buscan cambiar los esquemas de pensiones aprobados durante los sexenios de Ernesto Zedillo y Felipe Calderón de las siguientes maneras:

1. Regreso a un sistema de beneficios definidos: Las reformas de Zedillo y Calderón establecieron un sistema de contribuciones definidas, basado en cuentas individuales administradas por las AFORES (Administradoras de Fondos para el Retiro), con la aportación al ahorro dependiendo del trabajador y los beneficios sujetos a las fluctuaciones del mercado. La propuesta actual busca garantizar una pensión igual al último salario del trabajador, marcando un retorno a un esquema de beneficios definidos.
2. Financiamiento y gestión estatal: Frente a la administración privada de los fondos de pensiones por las AFORES, se propone la creación de un Fondo de Pensiones para el Bienestar de gestión estatal. Esto representa un cambio hacia una mayor intervención del Estado en la administración y garantía de las pensiones.
3. Inclusión de trabajadores afectados por reformas previas: Directamente aborda el impacto de las reformas de 1997 y 2007 asegurando que aquellos trabajadores que empezaron a cotizar bajo el nuevo régimen de cuentas individuales (post 1997) reciban una pensión justa y suficiente, algo que las reformas anteriores no garantizaron para todos los trabajadores.
4. Transparencia y fiscalización: Se establecen medidas de transparencia y fiscalización para el Fondo de Pensiones para el Bienestar, buscando superar las críticas de opacidad y falta de rendición de cuentas que se han dirigido en ocasiones a la gestión de las AFORES.
5. Actualización del sistema con fines sociales: Al financiar el Fondo de Pensiones para el Bienestar mediante recursos provenientes de la lucha contra la corrupción (como el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado), la propuesta vincula directamente el sistema de pensiones con una agenda de recuperación de activos para beneficio social, marcando una diferencia fundamental en la orientación del sistema de pensiones respecto a los modelos anteriores neoliberales.

El presidente ha sido cuestionado sobre cuál sería el futuro de las AFORES y si éstas desaparecerán, a lo que el mandatario ha dijo que no serán eliminadas, sino que se buscará la forma de que puedan integrarlas al nuevo esquema.

En este escenario habría entonces dos opciones:

1. Cambio en la estructura de las pensiones: Las AFORES podrían mantenerse como entidades administradoras de fondos de retiro, pero con un papel modificado que se adapte a los nuevos objetivos. Esto sugiere que las AFORES podrían tener que ajustar sus modelos de inversión y administración de fondos para alinearlos con las metas de pensión definidas por el nuevo esquema.
2. Funciones complementarias: Adicionalmente, las AFORES podrían ofrecer productos financieros complementarios para el retiro, como planes de ahorro voluntario o seguros de pensiones adicionales. Esto permitiría que, mientras el gobierno se encarga de garantizar una pensión digna basada en el último salario percibido por el trabajador, las AFORES complementen este esquema con opciones adicionales de ahorro e inversión para el retiro.

La declaración del presidente también sugiere la posibilidad de que el gobierno explore alternativas para administrar directamente parte del sistema de pensiones, o bien, en colaboración con las AFORES, buscando siempre el objetivo de que los pensionados reciban una pensión digna, ajustada a su último salario. Esto indica un enfoque híbrido en el que tanto el sector público como el privado (AFORES) desempeñarían roles importantes, pero con un claro énfasis en mejorar las condiciones para los pensionados, ajustándose a las críticas hacia el sistema actual y buscando corregir las deficiencias identificadas.