A una semana de su liberación, la Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo ocho nuevas órdenes de aprehensión en contra de los elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) presuntamente involucrados en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
De acuerdo con información difundida por el abogado Alejandro Robledo, las nuevas acusaciones de la FGR serían por los delitos de delincuencia organizada.
Información recogida por el periódico La Jornada a un testigo protegido señala que los ocho militares estarían siendo investigados por un presunto nexo con el grupo criminal conocido como Guerreros Unidos, el mismo al que se le atribuye el secuestro y desaparición de los estudiantes de la Escuela Normal Isidro Burgos.
Hasta el momento tres de los ocho militares ya fueron detenidos por personal de la FGR cuando acudieron a las instalaciones de la Unidad de Medidas Cautelares a firmar como parte de las medidas cautelares que se les fijaron al momento de retirarles la prisión preventiva.
Conviene recordar que los militares habían sido detenidos para enfrentar un proceso en el que se les acusa de participar en la desaparición forzada de los 43 normalistas, sin embargo, durante la madrugada del 24 de enero sus abogados consiguieron que pudieran enfrentar su proceso en libertad.
Por qué liberaron a los militares del Caso Ayotzinapa
En junio de 2023 la FGR cumplimentó las órdenes de aprehensión en contra de Gustavo Rodríguez de la Cruz, Omar Torres Marquillo, Juan Andrés Flores Lagunas, Ramiro Manzanares Sanabria, Roberto de los Santos Eduviges, Eloy Estrada Días, Uri Yashiel Reyes Lazos y juan Sotelo Díaz.
Los ocho militares estuvieron en la prisión del Campo Militar 1-A hasta que la jueza Segundo de Distrito de Procesos en el Estado de México ordenó su liberación inmediata al concretarse el cambio de sus medidas cautelares que incluían: acudir a firmar de manera periódica, no salir del país, no acercarse al estado de Guerrero ni a los familiares de los normalistas de Ayotzinapa, víctimas o testigos protegidos, además del pago de 50 pesos.
La decisión de la jueza provocó la reacción de la Secretaría de Gobernación quien envió una carta a la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña, para advertir los “riesgos” que implicaba la liberación de los militares.
“Al modificar la prisión preventiva oficiosa existe un alto riesgo de sustracción de la justicia, por ejemplo, que se vuelvan ilocalizables o huyan del país”.
También la FGR respondió y señaló que impugnaría la liberación de los ocho militares por considerar que se les otorgaron “ventajas indebidas”; agregó que presentarían los recursos de apelación, aunque, no mencionaron nada de nuevas órdenes de aprehensión.
En tanto, el abogado de los militares calificó la detención de tres de sus defendidos como una “chicana muy barata” y afirmó que se trató de una “porquería” del gobierno federal que al no poder ganar por las buenas “lo pretenden hacer manipulando el derecho”.
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