¿Cuál es la sanción que puede ser acreedor un servidor público por ejercer la fuerza física contra los ciudadanos?

La polémica que generó la agresión por parte del equipo de Sandra Cuevas a un ciudadano en la Alameda Central, y la potencial justificación de la Alcaldesa de Cuauhtémoc nos hacen cuestionarnos, ¿fue legítimo el acto de golpear a un ciudadano por el hecho de supuestamente haber recibido insultos de un ciudadano?, el uso de la fuerza pública está únicamente regulado por la Ley Nacional de la Fuerza Pública, la cuál contiene lo siguiente:

La Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza en México ha establecido nuevos lineamientos para regular cómo y cuándo las fuerzas de seguridad pueden ejercer la fuerza, garantizando siempre el respeto a los derechos humanos. Esta legislación, reformada el 24 de enero de 2024, introduce principios clave como la absoluta necesidad, la legalidad y la proporcionalidad en el uso de la fuerza por parte de las autoridades, marco destinado a proteger la integridad y la vida de los ciudadanos.

La ley especifica diversas condiciones bajo las cuales el uso de la fuerza está permitido, destacando que debe ser el último recurso después de agotar otras opciones para desescalar una situación. Asimismo, define las “amenazas letales inminentes” como situaciones que justificarían el uso de fuerza letal, incluyendo el apuntar con un arma de fuego o su réplica, el no soltar un arma después de una advertencia clara, y el riesgo de integridad física causado por un arma punzocortante, entre otros.

Además, incorpora consideraciones especiales para el uso de la fuerza en contextos sensibles como el interior o inmediaciones de guarderías, escuelas, hospitales, templos y centros de reclusión, e introduce una clasificación de la resistencia que va desde la pasiva hasta la de alta peligrosidad, dictando el tipo de respuesta adecuada para cada una. Esta ley también hace hincapié en la prevención, la rendición de cuentas, y el respeto a la perspectiva de género y a la protección de menores.

La implementación de estos lineamientos busca asegurar que cualquier acción de las fuerzas de seguridad esté fundamentada en criterios claros que pongan en primer plano el bienestar de la población civil, al minimizar el uso de la fuerza y priorizar la resolución pacífica de conflictos. Esta legislación refleja un esfuerzo por homologar las prácticas de seguridad a estándares internacionales de derechos humanos, mostrando un compromiso por parte del Estado mexicano para con la protección y seguridad de sus ciudadanos.

No obstante, no cualquier individuo puede ejercer la fuerza, por lo que todo su equipo debe ser evaluado acorde al debido procedimiento iniciado cuando el ciudadano presentó la demanda en contra de Cuevas. Únicamente las personas que pueden utilizar la fuerza pública tras la evaluación de la situación son Polícias en sus cuerpos, locales, federales o de investigación, Guardia Nacional, Secretaría de Defensa y Secretaría de Marina.

Las instituciones de seguridad en México están obligadas a mantener una base de datos con información detallada sobre las características de las armas de fuego y los proyectiles que utilizan, así como del equipo asignado a cada agente, en un esfuerzo por mejorar los procedimientos de identificación y control. Este mandato se establece dentro de las reformas a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, según las últimas actualizaciones legislativas.

Una parte fundamental del proceso de selección y capacitación de los agentes de seguridad implica asegurar que estos posean las aptitudes éticas, psicológicas y físicas necesarias para desempeñar sus funciones de manera eficaz. La ley estipula que dichas aptitudes sean sometidas a evaluaciones periódicas y que los miembros de estas instituciones reciban una formación profesional continua, incluyendo el uso adecuado de la fuerza. Estas medidas buscan reforzar la profesionalización y la eficiencia dentro de los cuerpos de seguridad a nivel nacional.

Asimismo, se garantiza la protección de los derechos fundamentales de los agentes, incluyendo el derecho a la protección de su vida e integridad física, y el respeto a su dignidad humana. Las instituciones de seguridad tienen la obligación de proporcionar apoyo médico, psicológico y legal a sus miembros en caso de que sea necesario. Además, se establecen disposiciones específicas para ofrecer asistencia a las familias de los agentes que sufran consecuencias graves en el cumplimiento de su deber, como la pérdida de la vida, el uso excesivo de la fuerza o la adquisición de alguna discapacidad.

Estas reformas subrayan la importancia de una gestión responsable del personal encargado de la seguridad pública y buscan fortalecer la confianza de la ciudadanía en sus instituciones al enfocarse en la calidad, la capacitación y el bienestar de los agentes, así como en la transparencia y la rendición de cuentas en el manejo de los recursos destinados a la seguridad.

Sin embargo si Cuevas es presuntamente culpable de abuso de autoridad y el uso indebido de la fuerza, sí la justicia es aplicada correctamente, la sanción sería de esta manera:

El Código Penal Federal de México establece 14 supuestos por los cuales se considera cometido el delito de abuso de autoridad, sancionando a los responsables con penas que van desde un año hasta nueve años de prisión, además de multas de hasta 400 UMAS y la posible destitución e inhabilitación para desempeñar cargos públicos por periodos de dos a nueve años. Estas disposiciones buscan salvaguardar el correcto ejercicio de la función pública y proteger a los ciudadanos de prácticas indebidas por parte de servidores públicos.

Entre las conductas penalizadas según esta normativa se encuentran el uso indebido de la fuerza pública, el entorpecimiento de servicios destinados a particulares, la omisión en la atención de solicitudes de justicia, negarse a proporcionar apoyo policial requerido por otras autoridades, ocultar presos bajo custodia, permitir o no denunciar la privación ilegal de la libertad, la apropiación indebida de recursos, solicitar beneficios personales a subordinados, realizar contrataciones fraudulentas, emplear a funcionarios públicos previamente inhabilitados y la coacción sobre individuos con deber de secrecía para declarar.

Estas regulaciones se enfocan en prevenir abusos y malas prácticas dentro del sector público, asegurando la integridad y la transparencia en la administración de los recursos y el poder. La inhabilitación de funcionarios, además de las sanciones penales, busca desalentar la repetición de estos delitos, protegiendo así el bienestar de la ciudadanía y el buen funcionamiento de las instituciones.

La lucha contra el abuso de autoridad se posiciona como una prioridad dentro del sistema legal mexicano, estableciendo un marco de acción claro contra aquellos que, desde posiciones de poder, incurran en prácticas contrarias al interés público. De esta forma, el Código Penal Federal actúa como un instrumento crucial en la promoción de la justicia y la legalidad en el país.