‘Abrazos, no balazos’: el Gobierno guardó las armas y el narco redirigió la guerra contra el pueblo

“Te tengo ubicado, cabrón”. Pobladores de Chicomuselo, Chiapas, grabaron el momento exacto en que militares intentaban acceder a la región serrana del estado para intentar frenar la ola de violencia desatada por los enfrentamientos entre los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación (CJNG) que tienen bajo terror -o los obligan a dejar sus casas- a miles de pobladores de la entidad más militarizada del país. En junio de 2022 más de 17 mil soldados fueron desplegados a Chiapas; para septiembre de 2023 otros 800 militares se sumaron a las tareas de seguridad pública.

De acuerdo con una investigación de la periodista Mathieu Tourliere en Chiapas hay un médico por cada dos militares y cinco maestros por cada soldado; es también la entidad con mayor pobreza extrema del país (28.2%) y el lugar de nacimiento de más de cinco mil desplazados: tres mil de ellos en 2023 y cerca de dos mil 300 en los primeros 15 días de enero. La Mayoría de las familias que dejaron atrás sus hogares vivían en Chicomuselo, Socoltenango y La Concordia, según información del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba).

La razón para dejarlo todo está íntimamente relacionada con los mil 277 homicidios documentados -según fuentes federales- en todo el 2023, de ellos 500 fueron calificados como dolosos; pero también se vinculan con los hostigamientos, amenazas y el reclutamiento forzado que el narco está imponiendo en la región para hacer frente en la guerra que se disputa por la frontera con Guatemala.

Contrario a la estrategia de Felipe Calderón de lanzarse de manera frontal en una “guerra contra el narco” -comandada por un secretario de Seguridad Pública señalado de vínculos con los criminales-, el presidente Andrés Manuel López Obrador apostó por la política de “abrazos, no balazos”. No con buenos resultados pues de diciembre de 2018 a diciembre de 2023 se contabilizaron 170 mil 800 personas asesinadas en todo el país; más que en los sexenios de Calderón Hinojosa y Peña Nieto.

Lo que está pasando en Chiapas -afirmo Ricardo Ravelo en entrevista para Infobae México- da cuenta de que la guerra es entre el crimen organizado y grupos sociales; también lo que ocurrido en Texcaltitlán, Estado de México, es otro ejemplo: “como se defendieron ante el cobro de piso de La Familia Michoacana”.

Ante la falta de garantías del Estado, pobladores de Jalisco se están armando para hacer frente a las extorsiones y amenazas del CJNG, destaca el autor del libro “El amo de Jalisco: Un gobierno con estructura criminal”.

Pero los ataques de células del narco contra pobladores se extienden a otras regiones como Tierra Caliente, en los estados de Michoacán, Morelos, Guerrero y Estado de México: para muestra las masacres de Heliodoro Castillo y Petatlán registradas en las últimas semanas; sin olvidar los secuestros y muertes de los jóvenes de Celaya, Lagos de Moreno (aún sin confirmarse el fallecimiento) o la irrupción de sicarios durante una posada en Salvatierra, Guanajuato que dejó a 13 personas asesinadas.

Ricardo Ravelo recuerda que lo que está en juego no sólo son las rutas para el trasiego de droga o el control de las plazas para la venta de narcomenudeo y otros delitos como extorsión; también está en disputa la defensa del territorio y de los recursos naturales que darán los grupos indígenas y los productores agrícolas que “ante la ausencia del Estado están recurriendo a las armas para defender su patrimonio”.

Cuestionado sobre su política de “abrazos, no balazos”, el mandatario nacional ha reconocido que su administración ya supera en número de homicidios a Calderón y Peña Nieto, pero: “Es herencia del pasado”, sostiene.