Pobladores de Tierra Caliente huyen por “impuestos” del narco a medicinas y viviendas

Cientos de familias de la llamada Tierra Caliente han decidido dejar atrás sus hogares para no tener que pagar los “impuestos” que el crimen organizado fijó como parte de los pagos “cotidianos” que pobladores, comerciantes, productores y agricultores tienen que pagar al narco para no sufrir las consecuencias de la violencia que azota la región.

Disfrazados de “protección”, grupos criminales como La Familia Michoacana, Los Caballeros Templarios, Los Viagras o el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) han establecido cuotas a los vendedores de pollo, aguacate, limón, maíz, tortilla y proveedores de internet, entre otras extorsiones, en zonas del Estado de México, Morelos, Guerrero y Michoacán dejando ganancias millonarias para el crimen organizado.

De acuerdo con Cuauhtémoc Rivera, presidente de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC), los delitos relacionados con extorsiones y cobro de piso “roban hasta el 20 por ciento” de las ganancias de los micro y pequeños comercios.

Uno de las extorsiones que llamó más la atención en los últimos días fue la que ejercen integrantes de La Familia Michoacana en el Valle de Toluca contra los vendedores de pollo, comercios que han tenido que cerrar sus puertas ante la exigencia de algunas células criminales que les exigen el pago de hasta cuatro pesos por cada kilo que vendan, algo imposible de cumplir, denuncian.

A principios de enero se registró una de las primeras masacres en el poblado de Buenavista, en el municipio de Heliodoro Castillo, Guerrero, donde presuntos integrantes de La Familia Michoacana se enfrentaron con Los Viagras y que dejó un saldo de al menos nueve personas calcinadas en la cima de una colina.

En esa región sus pobladores advierten que Los Viagras no sólo pusieron un “impuesto” a la venta de medicamentos sino que ante la falta de cadenas que surtan las medicinas, los propios grupos criminales se lanzaron por el control del mercado y venden los productos al precio que quieren.

Según información recogida por El Universal, los municipios de Apatzingán, Buenavista, Pinzándaro, Santa Ana Amatlán, División del Norte, Cenobio Moreno y Heliodoro Castillo, entre otros a lo largo de Tierra Caliente, sufren los estragos de intentar conseguir medicamentos que están bajo el control del narco.

La manera de actuar es comprar a menor precio -bajo amenazas- las medicinas a los proveedores que llegan a los municipios; luego revender a las pequeñas farmacias y tienditas los medicamentos sin receta y a precios muy elevados, mismo que llegan a un sobre costo a manos de los enfermos para cubrir el “impuesto” del narco.

La fórmula suele ser simple: dobletear el costo de pastillas como paracetamol o ibuprofeno, el alcohol para curaciones o las cajas con curitas. Así en lugar de pagar 50 los pobladores pagan 100 pesos o más; algunos no pudieron seguir con ese estilo de vida y huyeron.

La mayor parte de los “impuestos” establecidos por el narco van a parar en el financiamiento de sus actividades criminales como la compra de armamento, vehículos, equipo y comida para los integrantes de los grupos que mantienen enfrentamientos con otras células rivales.

De lo anterior que los cárteles de Tierra Caliente estén buscando más “zonas de oportunidad” ante la incapacidad o hartazgo de algunas poblaciones para dejar de pagar el famoso cobro de piso; pues además de los comercios que han quebrado y los que han cerrado por temor, sus rivales ya dominan otros campos.

Por eso vimos en el último mes a un grupo de Los Viagras que “ofrecía” -a fuerza- su servicio de internet a los pobladores de Apatzingán y Buenavista, Michoacán; mientras que en otras zonas de Petatlán y Zihuatanejo, La Familia Michoacana está obligando a los habitantes a pagar 70 pesos diarios por vivir en Tierra Caliente.

Para muchas familias pagar los 2 mil 100 pesos mensuales que exige La Familia Michoacana es sólo imposible, por lo que decidieron huir de la región: en junio pasado 800 personas salieron de Apatzingán por la violencia del narco; otras 20 personas abandonaron Agostitlán en julio de 2023 y 80 más huyeron de La Huacana en el mes de agosto, según documentó la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos.

Para el estado de Guerrero la situación es similar: 426 personas huyeron en febrero pasado de Coyuca de Catalán, de Técpan de Galeana y Ajuchitán del Progreso; 600 de Heliodoro Castillo en mayo; y un número aún indeterminado de personas decidieron escapar de San Miguel Totolapan, Coyuca de Benítez y Acapulco de Juárez por los enfrentamientos de grupos armados, secuestros, asesinados y ante la incapacidad de seguir pagando por “protección” para que no los levanten o desaparezcan.