El subsecretario de Seguridad Pública, Luis Rodríguez Bucio, dio a conocer en la conferencia matutina de este martes 16 de enero que un juez de control con sede en Toluca, Estado de México, otorgó un amparo al exalcalde de Iguala, José Luis Abarca Velázquez, detenido por su presunta participación en el Caso Ayotzinapa, para que se lleve a cabo una nueva audiencia y se analice dictarle otras medidas cautelares distintas a la prisión preventiva oficiosa pues ésta “viola los derechos del imputado”.
El funcionario federal señaló en La Mañanera durante su reporte de seguridad que los responsables de esta decisión fueron los magistrados Rubén Arturo Sánchez Valencia y el secretario en funciones de magistrado Luis Alberto Castro Velázquez ya que votaron en favor de otorgarlo, mientras que el magistrado José Pablo Pérez Villalba, votó en contra. Todos ellos, integrantes del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito en el Edomex.
Vale recordar que el exalcalde de Iguala, Guerrero, actualmente se encuentra preso en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) No. 1 Altiplano, sentenciado por homicidio, sin embargo, también tiene otras dos causas penales por los delitos de secuestro y delincuencia organizada, sin embargo, busca que revisen y en todo caso le retiren la prisión preventiva oficiosa por estos dos cargos, ya que contraviene a los tratados internacionales en materia de derechos humanos.
También ayudaron a su esposa
Luis Rodríguez Bucio también exhibió en La Mañanera que un juez otorgó un amparo a la esposa de Abarca, María de los Ángeles Pineda Villa, quien también ha sido vinculada al caso de la desaparición forzada de 43 normalistas de Ayotzinapa. Vale precisar que en 2022, la extitular del DIF municipal fue condenada a 10 años de prisión por delincuencia organizada, pero en abril de 2023, el magistrado Jorge Mario Montellano Iturralde le revocó la sentencia.
Entonces, éste ordenó reponer el procedimiento debido a que consideró que se había violado su derecho de seguridad jurídica en el debido proceso. “De acuerdo con Montellano, el juez desahogó varias diligencias sin la presencia de la defensa, tampoco llevó a cabo el careo procesal entre la implicada y un testigo colaborador ni se cercioró si el defensor público federal que asistió a la implicada en su declaración preparatoria contaba con cédula profesional”, precisó el subsecretario de Seguridad Pública de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).
Vale recordar que la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural ‘Raúl Isidro Burgos’ de Ayotzinapa -ocurrida en septiembre de 2014- tuvo lugar en Iguala, municipio que era gobernado entonces por Abarca Velázquez, quien supuestamente al enterarse que los jóvenes estaban ahí, ordenó contenerlos para evitar que boicotearan un evento de su esposa, la titular del DIF municipal. Después se dio a conocer que el exmunícipe y Pineda Villa tenían presuntos vínculos con el grupo delictivo Guerreros Unidos, que también estarían relacionados con la desaparición de los normalistas.
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