La justicia en México sufre de un nivel de impunidad que se acerca de manera peligrosa al 100 por ciento en el contexto nacional, pero que además se ha incrementado de manera considerable en los últimos años; los delitos menos castigados son homicidios dolosos, feminicidios, abuso sexual, desapariciones y secuestros.
De acuerdo con el informe Hallazgos de la organización México Evalúa, el porcentaje de impunidad general en la justicia mexicana pasó del 91.8 por ciento en 2021 al 96.3 en el año 2022, lo que representa un retroceso de 4.5 puntos porcentuales en el, ya lastimado, acceso a la justicia.
En el delito de homicidio doloso la media nacional de impunidad fue del 95.7 por ciento, es decir, que de las 26 mil 278 personas asesinadas en el país, más de 25 mil no tuvieron acceso a la justicia; situación que se agrava en los estados de Jalisco, Ciudad de México, Yucatán y Zacatecas, donde los niveles de impunidad alcanzaron el 100 por ciento.
La Ciudad de México vuelve a aparecer con 100 por ciento de impunidad en el delito de feminicidio -75 mujeres asesinadas por razón de género, según cifras oficiales- , la acompañan Quintana Roo y Zacatecas; mientras la media nacional es del 88.6 por ciento. Cerca de 850 de los crímenes no fueron castigados.
En materia de desapariciones la impunidad total creció a los estados de Aguascalientes, Ciudad de México, Querétaro, Quintana Roo, Sonora, Tamaulipas y Zacatecas, con una media nacional del 96.5 por ciento; en los abusos sexuales se mantienen Aguascalientes y la capital del país, además de Nayarit, con una impunidad del 100 por ciento.
El informe de México Evalua también identificó seis estados con altos índices de impunidad en relación al delito de secuestro; repiten Aguascalientes y la Ciudad de México, y se suman Michoacán, Oaxaca, Quintana Roo y Veracruz.
CDMX, entre las entidades con mayor impunidad
El mapa nacional de impunidad lo lidera el estado de Hidalgo con 99.6 por ciento, apenas por debajo le sigue Jalisco y Colima (96.5), CDMX (99.1), Aguascalientes (98.9), San Luis Potosí (98.6) y Zacatecas (98.3); la mayoría de los estados superan la barrera del 90 por ciento, salvo Sonora, Guanajuato, Baja California y Chiapas.
Otros de los índices en los que están reprobadas las instituciones federales son los niveles de confianza, siendo los Ministerios Públicos (-0.7) y el Poder Judicial (-0.5) los que perdieron más aprobación de la población a nivel nacional.
En el ámbito local el Ejército llegó a perder 3.95 y la Guardia Nacional 3.1 puntos de confianza en Chihuahua; mientras que en la Ciudad de México la dependencia más golpeada fueron los Ministerios Públicos con una caída de 3.3.
La percepción de corrupción también creció de 2021 a 2022 en todas las instituciones relacionados con la seguridad y la procuración de justicia: la FGR pasó del 54.8 al 57.8, la Policía Estatal del 62.9 al 64.6, los Ministerios Públicos del 62.4 al 64.7 y el Ejército del 24.8 al 25.5.
En sus conclusiones México Evalúa refiere la “inexistencia de políticas criminales y estrategias de persecución penal capaces de reaccionar ante los fenómenos complejos de criminalidad y de dar respuestas diferenciadas en función de la gravedad de los delitos”.
También se advierte que en la mayoría de los estados del país se refleja una tendencia a la alza en materia de impunidad, lo deja en la indefensión a miles de víctimas de diversos delitos que deben enfrentar un sistema penal que no promueve la garantía de derechos, sino que apunta sólo a la persecución de delitos e imposición de sanciones, algo que tampoco consigue.
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