En respuesta a la creciente corrupción inmobiliaria o cártel inmobiliario, el gobierno de la Ciudad de México presentó una iniciativa de reforma ante el Congreso local, dirigida a modificar y complementar el Código Penal capitalino.
La propuesta, anunciada por el Jefe de Gobierno, Martí Batres, tiene como objetivo clasificar como delito la corrupción inmobiliaria y establecer sanciones de 10 a 20 años de prisión para aquellos involucrados, incluyendo servidores públicos, familiares, empresarios y socios vinculados con estos casos.
La propuesta, que busca crear el capítulo 15 en el Código Penal, se centra en el artículo 276 para definir el delito de corrupción inmobiliaria. Según el documento presentado, se consideraría responsable de este delito al servidor público que permita por acción, omisión o tolerancia la construcción de pisos adicionales a los autorizados, sin el cumplimiento de los requisitos establecidos en la ley.
Aumento del crimen exponencial
Durante la presentación, se destacó un “incremento exponencial” de inmuebles con niveles excedentes entre 2009 y 2021. La Benito Juárez, por ejemplo, experimentó un aumento significativo de casos, pasando de 12 en 2009 a 158 en 2022. Este periodo se identificó como el “lapso de gobierno del cártel inmobiliario en Benito Juárez”, caracterizado por un notorio crecimiento en la construcción ilegal de pisos.
La propuesta no se limita a penalizar exclusivamente al servidor público involucrado en corrupción inmobiliaria. Busca extender las sanciones a toda la red de familiares, empresarios y socios relacionados con el caso, independientemente de otras posibles sanciones por conductas penales adicionales.
“Con estas reformas, se sancionará no solo al servidor público, sino a toda la red de familiares que intervenga en este tipo de operaciones de corrupción inmobiliaria”, dijo el jefe de gobierno durante la presentación.
Además, se hizo hincapié en los efectos negativos de la corrupción inmobiliaria, incluyendo riesgos para la protección civil, incertidumbre para los compradores, encarecimiento de la vivienda y problemas ambientales y de movilidad.
Ricardo Ruiz, secretario de Gobierno de la Ciudad de México, respaldó la propuesta y resaltó la necesidad de revisar y actualizar el marco legal en materia de construcciones.
La iniciativa fue remitida al Congreso capitalino para su análisis en las comisiones correspondientes. Se espera que, una vez dictaminada, sea llevada al pleno para su discusión y, en su caso, aprobación.
Este anuncio se produce a la salida oficial de Ernestina Godoy de la Fiscalía de la Ciudad de México. Asimismo, se anunció que Godoy iniciará una gira por las 16 alcaldías para informar sobre las acciones contra la corrupción inmobiliaria.
Cabe destacar que este tema ha sido una de las principales líneas de ataque de Morena contra políticos del PAN, quienes han sido señalados de cometer actos ilícitos.
El ABC del cártel inmobiliario
La Fiscalía General de Justicia señala que el “Cártel Inmobiliario” operó principalmente en la alcaldía Benito Juárez, una de las demarcaciones con mayor plusvalía en la capital.
Su modus operandi consistía en otorgar permisos ilegales para la construcción de edificios con más niveles de los permitidos, beneficiando tanto a empresarios como a funcionarios corruptos.
Sin embargo con esta propuesta de reforma, el gobierno busca poner fin a estas prácticas y fortalecer la integridad en el sector inmobiliario.
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