Qué es la gestación subrogada y quién podría recibir penas de 25 años por ésta práctica

Este tipo de embarazos se han vuelto un negocio y los controles sobre las agencias y profesionales involucrados se han mostrado insuficientes

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En México no existe una
En México no existe una regulación federal sobre los vientres de alquiler. FOTO: Archivo

La gestación subrogada es una técnica de reproducción asistida en la cual una mujer gesta el hijo de otra persona o pareja con incapacidad, es decir, desarrolla el embarazo para alguien más, sin embargo, esta actividad plantea preocupaciones éticas y legales, y la posibilidad de explotación o trata de personas, advirtió la diputada priista, Nélida Díaz Tejeda, por lo que propuso penas de hasta 25 años de prisión a quien se beneficie con ella.

En México, la gestación subrogada es un tema complejo y no existe una legislación federal específica que ola regule en todo el país, por ello su normativa varía de un estado a otro.

La priista mencionó que algunos estados han establecido sus propias leyes al respecto, lo que ha llevado a disparidades significativas en la forma en que se maneja este tema en diferentes regiones. Esto ha propiciado que algunas personas busquen beneficios económicos con ésta práctica.

Por ello, la diputada Díaz Tejeda impulsa una iniciativa para imponer una pena de 15 a 25 años de prisión, y una multa de 2 mil a 30 mil días del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización a quien, mediante contrato, se beneficie de la gestación subrogada y de la entrega de la niña o niño producto de la misma.

Una mujer embarazada asiste a
Una mujer embarazada asiste a una consulta médica en un hospital de la ciudad de Guadalajara (México). EFE/Ulises Ruiz Basurto/Archivo

Este contrato será nulo de pleno derecho, establece la iniciativa que adiciona el artículo 30 Bis a la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos.

La legisladora destacó que los controles rigurosos impuestos hasta la fecha sobre las agencias y profesionales involucrados se han mostrado insuficientes y como una puerta para que organizaciones criminales exploten a las mujeres para garantizar que la gestación subrogada se lleve a cabo.

En muchos casos, las mujeres que actúan como gestantes subrogadas pueden estar en situaciones económicas precarias y pueden ser motivadas por la necesidad financiera a participar en ella.

La inadecuada o nula regulación en algunos lugares puede dar lugar a la explotación de mujeres en situación de vulnerabilidad. Sin protecciones legales y salvaguardias adecuadas, las mujeres pueden enfrentar condiciones injustas y ser explotadas en el proceso.

Una mujer embarazada camina por
Una mujer embarazada camina por calles de Ciudad de México. EFE/Sáshenka Gutiérrez/Archivo

Esto plantea la preocupación de si están tomando una decisión completamente libre y voluntaria. Por ello, se requiere analizar si se centran en la posibilidad de que las mujeres gestantes no tengan plena autonomía en la toma de decisiones. “Pueden estar influenciadas por presiones sociales, económicas o familiares, lo que lleva a preguntas sobre la autenticidad del consentimiento”.

Sobre todo cuando la subrogación se convierte en un negocio lucrativo, en tanto que existe el riesgo de que se priorice el beneficio económico sobre la protección de los derechos y el bienestar de las mujeres gestantes.

“Este enfoque comercial permite afirmar que la gestación subrogada se presenta como una forma de trata de personas. La falta de supervisión y control puede dar lugar a abusos”, indicó.

La diputada priista consideró que la cooperación entre las autoridades locales, agencias gubernamentales y organizaciones internacionales puede fortalecer los esfuerzos para prevenir la trata de personas en el contexto de la gestación subrogada.

Precisa que la consideración de esta actividad como trata de personas es un tema complejo y debatido en el ámbito internacional. En cuanto a esta iniciativa, ya fue enviada a la Comisión de Derechos Humanos para dictamen.

Por lo tanto, se espera que en el próximo periodo ordinario de sesiones, que arranca el 1 de febrero, el documento sea analizado en comisiones para su votación. En caso de que sea aprobado, el dictamen pasará al Pleno de la Cámara de Diputados.

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