Menos del 5% de los laboratorios clandestinos de droga que fueron incautados en los primeros meses de este año por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) estaban activos al momento de su aseguramiento, de acuerdo con una investigación de la agencia Reuters.
De los 527 allanamientos realizados en los primeros siete meses de este año, menos del 5% corresponden a instalaciones operativas.
Estas cifras contrastan con la presión de Estados Unidos para intensificar acciones contra el tráfico de fentanilo. La mayoría de los laboratorios estaban inactivos, algunos posiblemente fuera de uso durante años, lo que lleva a cuestionar la efectividad de la estrategia adoptada desde la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Este patrón se mantiene durante los cuatro años y medio del mandato de López Obrador, donde alrededor del 89% de los 1,658 laboratorios allanados resultaron inactivos.
Por este caso, Guillermo Valdés, ex jefe de inteligencia de México, criticó la contabilización de laboratorios inactivos en las cifras presentadas como un intento de inflar los logros del gobierno de López Obrador en materia de lucha contra las drogas.
“La SEDENA está destrozando su prestigio al alterar las cifras. ¿Quién les va a creer después de esto?”, dijo Guillermo Valdés a Reuters.
Este manejo de la información coincide con promesas de cooperación entre México y Estados Unidos para controlar el flujo ilícito de fentanilo, una sustancia cuya producción en territorio mexicano había sido negada por las autoridades, pero contradicha por evidencia y aseveraciones de Washington.
En abril, un video presentado por la Sedena afirmó la localización de 37 sitios de producción de fentanilo; sin embargo, esto no se reflejó en los datos proporcionados posteriormente. Además, han existido inconsistencias en los reportes de la dependencia de seguridad bajo el cargo de Luis Crescencio Sandoval sobre estas incautaciones, con modificaciones en el número total de laboratorios allanados.
A su vez, la Administración de Control de Drogas de los Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) delegó las cuestiones sobre estos datos al Departamento de Estado, quien afirmó estar trabajando en conjunto con México para mejorar la seguridad y reconocer los retos de esta problemática.
Testimonios de traficantes activos sugieren que la inactividad de los laboratorios descubiertos podría estar relacionada con posibles actos de colusión entre los cárteles y figuras del ejército.
El ex narcotraficante Margarito Flores, cercano colaborador del Joaquín Guzmán Loera del Cártel de Sinaloa, mencionó a Reuters sobre las antiguas prácticas de soborno y acuerdos con comandantes militares para proteger laboratorios más grandes a cambio de abandonar los más pequeños. Dichas alegaciones, aunque no verificadas en su totalidad, apuntan a un enfoque de cooperación interna y externa que no está logrando sus objetivos propuestos en la política anti-drogas de México.
“El cártel solía cerrar acuerdos con comandantes militares en el terreno, incluido el abandono de pequeños laboratorios de metanfetamina bajo el entendimiento de que eran más grandes. Los laboratorios se quedarían solos”, se lee en el reportaje.,
Margarito Flores, quien se convirtió en informante del gobierno de Estados Unidos en 2008, apuntó que “las compensaciones ocurrieron muchas veces”.
“Reuters no pudo verificar de forma independiente la identidad de los traficantes. afirmaciones, y no citaron casos específicos ni identificaron a los comandantes militares involucrados en tales acuerdos. La SEDENA y otras agencias policiales no respondieron a solicitudes de comentarios”, se lee en el reportaje de la agencia.