Como ocurría frecuentemente en la primera década de los 2000, La Familia Michoacana acaparó la atención por un hecho violento en el que estuvieron involucrados sus sicarios. En Texcaltitlán, Estado de México, habitantes se enfrentaron contra pistoleros de una célula afín a este grupo criminal luego de las constantes amenazas y extorsiones que sufrían.
Investigaciones encabezadas por el sitio especializado Insight Crime refieren que esta organización surgió como un grupo de vigilancia de Los Zetas cuando dominaban el estado de Michoacán. No obstante, bajo el mando de Nazario ‘El Chayo’ Moreno, comenzó a operar de forma independiente y expulsó a los de la última letra de la entidad.
Tras una serie de movimientos en el cártel —la captura de Jesús ‘El Chango’ Méndez, la fundación de Los Caballeros Templarios y la detención de José María Chávez Magaña, alias ‘El Pony’— los hermanos José Alfredo y Johnny Hurtado Olascoaga asumieron el liderazgo de la FM en 2014.
Los vínculos de ‘El Pez’ con autoridades policiacas, ex funcionarios estatales y ex presidentes municipales de Arcelia, Guerrero, son uno de los factores que impulsaron su ascenso en la estructura delincuencial.
Actualmente, además de su incursión en actividades como extorsión, secuestro y cobro de piso, son señalados como responsables en la producción y tráfico de metanfetaminas, así como en el trasiego de fentanilo arcoíris.
José Alfredo, alias ‘El Fresa’, y Johnny, alias ‘El Pez’, fueron incluidos en la lista negra de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos por su distribución del opioide “en forma de píldoras que vienen en distintos colores, formas y tamaños para atraer a los niños y consumidores jóvenes”.
La sanción fue emitida por EEUU el 17 de noviembre de 2022 y aunque se ordenó el bloqueo de sus cuentas y propiedades en dicho país, no se ha emitido un boletín de recompensa por la Administración de Control de Drogas (DEA).
En contraste, ‘El Fresa’ y ‘El Pez’ encabezan la lista de criminales más buscados en el Estado de México desde 2012, año en que la extinta Procuraduría General de Justicia (PGJ) de la entidad ofreció una suma de 500 mil pesos a quien otorgue información que permita ubicarlos y capturarlos.
La recompensa en el Edomex sigue vigente a más de 11 años de su anuncio, pues en este periodo ninguno de los dos hermanos ha podido ser detenido.
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