La Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal (CJEF) interpuso este viernes un recurso de reclamación ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por la resolución del ministro Javier Laynez Potisek, quien suspendió el pasado 05 de diciembre la extinción de 13 fideicomisos del Poder Judicial de la Federación (PJF), que fue aprobado en el Congreso.
A través de un comunicado, la oficina a cargo de Estela Ríos, calificó como “ilegal” dicha suspensión, al argumentar que el juzgador no fue “imparcial” en el caso, al haber emitido opiniones previas contra la reforma.
En el documento se señala que el ministro se basó en que la extinción de los 13 fideicomisos, que representan poco más de 15 mil millones de pesos, vulneran el derecho de los trabajadores del Poder Judicial y el acceso a la justicia; sin embargo, según la Consejería esto es falso, porque las prestaciones laborales no dependen de estos fondos, ya que están incluidos en el Presupuesto de Egresos 2024.
“En su determinación, el ministro instructor afirma indebidamente que los fondos de dichos fideicomisos públicos son un mecanismo que garantiza la impartición de la justicia, sin los cuales no se podría realizar la función jurisdiccional. Olvida que dicha actividad del Estado se garantiza con los recursos presupuestales asignados de forma anual al PJF”
Incluso, se acusa a Laynez Potisek de frenar que estos recursos puedan ser utilizados para ayudar a los damnificados y reconstruir el Puerto de Acapulco (Guerrero), que fue devastado a finales de octubre pasado por el huracán Otis de categoría 5. Esto pese a que la ministra presidenta de la SCJN, Norma Piña, pidió un análisis para poder reasignar el dinero de los fideicomisos.
“Lo cual representa un acto de soberbia y falta de solidaridad institucional, pues debe recordarse que fue la propia ministra presidenta, Norma Lucía Piña Hernández, quien públicamente solicitó analizar la posibilidad de destinar los recursos [...] para la atención a población damnificada en Acapulco”
Además, se menciona que, desde 2018, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha manifestado que los fideicomisos del PJF no cumplen con las directrices de austeridad y racionalidad, tras detectar acumulación de recursos públicos y nula utilización de los fondos.
Bajo este contexto, la Consejería Jurídica de la Presidencia instó a “honrar el compromiso” expresado por la presidenta de la SCJN.
La secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, declaró que el gobierno federal no comparte la resolución del ministro Javier Laynez de suspender la entrega de los fideicomisos del Poder Judicial para apoyar en la reconstrucción de Acapulco pic.twitter.com/fvW2qGUqnM
— Azucena Uresti (@azucenau) December 7, 2023
Por su parte, la noche de este 07 de diciembre, la titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Luisa María Alcalde Luján, hizo un llamado al ministro a reconsiderar que estos recursos puedan ser utilizados para levantar al destino playero.
Cabe mencionar que el pasado 21 de noviembre, la Consejería Jurídica de la Presidencia presentó una petición a la SCJN para que el ministro Laynez Potisek se declarara impedido para conocer de las acciones de inconstitucionalidad, la cual fue rechazada por unanimidad por el Pleno del Tribunal, al estimar que era improcedente.
Y es que, a principios de 2023, el ministro fue el encargado de suspender por tiempo indefinido la aplicación de la reforma electoral que impulsó López Obrador, conocida como “Plan B”.
Trayectoría
Nacido en Torreón, Coahuila,Javier Laynez estudió Derecho en la Universidad Regiomontana y un doctorado en Derecho Público en la Universidad de París, Francia.
Fue profesor en el Colegio de México y en el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).
Desde 2015, es ministro de la SCJN, pues fue el segundo y último postulado por el ex presidente priista Enrique Peña Nieto, para sustituir al ministro saliente Juan Silva Meza.