Marco Antonio “N”, expolicía, lucha por su libertad tras ser condenado injustamente por homicidio

Un ex policía de investigación, identificado como Marco Antonio “N”, ha pasado dos años tras las rejas, acusado de un triple homicidio ocurrido el 28 de noviembre de 2021, en San Juan de Aragón, Alcaldía Gustavo A. Madero.

La versión oficial sostiene que tres individuos a bordo de un vehículo Tsuru blanco perpetraron el crimen, disparando contra jóvenes en la intersección de la avenida San Juan de Aragón y la calle 16 de septiembre antes de huir rápidamente de la escena.

Las autoridades lograron detener a dos sospechosos, Pablo “N” alias “El Milton” y Gerardo o José Antonio alias “El Cacho”, en la colonia Gertrudis Sánchez. Sin embargo, la credibilidad del proceso se vio empañada cuando un video capturado por un vecino sugirió que al menos uno de los detenidos fue extraído de su residencia, generando cuestionamientos sobre la legitimidad de la persecución.

La situación tomó un giro con la detención de Marco Antonio, quien, según la versión oficial, habría participado en el crimen. No obstante, la defensa del acusado, liderada por su hija Rosa Leslie Vargas Manrique, busca presentar pruebas que contradicen estas afirmaciones.

Un video clave indica que en el momento del triple homicidio, Marco Antonio se encontraba a una distancia considerable, participando en una conmemoración por la muerte de su hijo Josafat Emerik Vargas Manríquez, en el municipio de Tultepec, Estado de México.

El Ministerio Público ha rechazado la admisión de estas pruebas, lo que ha llevado a la presentación de un amparo en un intento por revertir esta decisión y cuestionar la integridad de la investigación llevada a cabo por la Fiscalía.

En el sistema judicial mexicano, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), 4 de cada 10 personas privadas de libertad en México aún no cuentan con una sentencia. El Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales (CNGSPSPE) 2020 indica que, para junio de 2022, había 92,595 personas procesadas sin sentencia por delitos tanto del fuero común como federal.

La problemática de la prisión preventiva se presenta al observar los casos extremos en el Estado de México y Michoacán, donde el 100% y el 99.9%, respectivamente, de los reclusos se encuentran sin sentencia, y que van acumulando años sin que se emita una condena, por lo cual ese tiempo tras las rejas no se toma en cuenta.

México ocupa la posición 60 de 69 países en el Índice Global de Impunidad 2020, evidenciando desafíos significativos en los sistemas de seguridad y justicia del país.