La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dio un nuevo revés al gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, al desechar la controversia constitucional que presentó desde el Tribunal de Justicia Administrativa local en contra el proceso de juicio político que inició en su contra la Comisión Anticorrupción del Congreso neoleonés debido a faltas en la presentación del Presupuesto del presente año.
Fue el ministro Javier Laynez Potisek el que desechó el procedimiento y argumentó que existe una “indudable improcedencia”, debido a que las controversias constitucionales tienen como objetivo dirimir conflictos de competencias entre órganos, poderes o entes, situación que no cubre su proceso.
“Lo anterior deja ver con claridad que el estudio que propone la parte accionante tiene que ver exclusivamente con la legalidad de la resolución impugnada, pues no pretende combatir una invasión de competencias entre el Tribunal Superior de Justicia y el Tribunal de Justicia Administrativa o de algún acto vinculado directamente con la denuncia de juicio político (...), sino que se duele de que el Poder Judicial de la entidad emitió una decisión que invalidó una resolución del Tribunal de Justicia Administra que le resulta favorable”, se pudo leer en el acuerdo publicado por el ministro.
Ante lo cual explicó que no se pudo aceptar la controversia debido a que el máximo tribunal del país no estaba facultado para ello, con lo cual se dio vía libre para que continúe el proceso que podría llevar a juicio político al mandatario que desistió de sus aspiraciones presidenciales.
“No puede plantearse en ella la invalidez de una resolución, pues ello la convertiría en un recurso o ulterior medio de defensa para someter a revisión la misma cuestión litigiosa debatida en el procedimiento natural, improcedencia que se ha extensiva a los actos de ejecución de las sentencias, en tanto, su realización encuentra su razón de ser en la propia resolución”, explicó.
¿Por qué podrían enjuiciar a Samuel García?
A inicios de 2023, la Comisión Anticorrupción del Congreso de Nuevo León aprobó iniciar el proceso de juicio político contra el gobernador; sin embargo, al conocer la noticia, el militante de Movimiento Ciudadano promovió un juicio contencioso administrativo, el cual fue admitido a trámite y posteriormente la Segunda Sala Ordinaria del Tribunal de Justicia Administrativa concedió una suspensión, por lo que no avanzó el proceso en legislativo local.
Un mes después, el presidente de la Mesa Directiva del Congreso de Nuevo León promovió una controversia constitucional contra el Tribunal de Justicia Administrativa, ésta fue aceptada y se invalidó la suspensión a favor de García Sepúlveda.
“Se instruye al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Nuevo León para que, dentro del término (de) tres días, dicte las medidas necesarias y sobresea el juicio en mención”, fue la resolución del Poder Judicial del estado.
Pese a lo anterior, es importante recordar que el posible juicio político se encuentra detenido debido a que el mandatario neoleonés obtuvo una suspensión definitiva por parte de un juez de amparo.
Esta resolución se da después de que la Suprema Corte de Justicia tuvo que intervenir en la crisis que se presentó en la entidad del norte del país, luego de que el Congreso de la entidad nombró a un personaje ajeno a la administración actual para suplir a García Sepúlveda durante su licencia con la que pretendía buscar la Presidencia de la República.
El pasado 1° de diciembre, la SCJN “determinó la procedencia de que Luis Enrique Orozco Suárez, designado por el Congreso, asuma el cargo de gobernador interino”, esto quiso decir que, de acuerdo con la facultad de esta otra fuerza política, Orozco Suárez fue oficialmente el gobernador interino del estado.
Sin embargo, tres días después Orozco Sánchez renunció a su encargo para que Samuel pudiera reasumir sus funciones como gobernador constitucional.