Por medio de un comunicado, el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) dio a conocer que el Juzgado Séptimo de Distrito en el estado de Sinaloa prohibió el ingreso a México de camarón de granja proveniente de Ecuador.
Esto, porque constituye una práctica comercial desleal que afecta la economía de los productores mexicanos, y sobre todo, pone en peligro la vida de los consumidores, así como la alta probabilidad de afectación y degradación del medio ambiente nacional.
Fue el juez José Francisco Pérez Mier quien concedió la suspensión definitiva en el juicio de amparo 564/2023 promovido por la Confederación de Organizaciones Acuícolas en el estado de Sinaloa, A.C.
Pérez Mier determinó que los precios del camarón que ingresa ilegalmente de Ecuador y de otros países centroamericanos están muy por debajo del de los productores nacionales a la venta al público.
El juez explica, en la medida cautelar emitida, que el contrabando de camarón causa una alteración grave en el mercado nacional al colocar a las granjas acuícolas mexicanas en un riesgo inminente de quiebra. Además, el ingreso masivo ilegal de ese producto, potencializa las probabilidades de que las granjas de México se vean contaminadas de enfermedades inexistentes, tales como el Síndrome de Taura, la Mancha Blanca e incluso muerte temprana.
Y es que integrantes de la Confederación de Organizaciones Acuícolas de Sinaloa, A.C. promovieron el juicio de amparo con incidente de suspensión contra actos de las secretarías de Economía; Agricultura y Desarrollo Rural; de la Defensa Nacional, y Marina; contra el Sistema Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA), la Agencia Nacional de Aduanas de México y la Guardia Nacional, por permitir el ingreso del crustáceo al país de manera ilegal.
Los productores mexicanos generan, por lo menos, el 40% del camarón de granja que se produce en el territorio nacional, empleando a 16 mil personas de manera directa, y 80 mil de forma indirecta.
La Confederación exigió prevenir daños irreparables a la seguridad nacional; a la soberanía alimentaria; al medio ambiente; a la sanidad de las granjas de camarón mexicano, así como a la salud de la población.
El juez Francisco Pérez Mier determinó que las autoridades deberán iniciar, de inmediato, el procedimiento de verificación de origen del crustáceo, así como certificar cada una de las granjas de las que se importe de manera legal el producto, a fin de que proporcionen su contabilidad y capacidad de producción, con la finalidad de evitar la triangulación de camarón ecuatoriano a nuestro país, entre otras cosas.