Gobierno de AMLO busca evitar que ministro Javier Laynez lleve el caso de fideicomisos

El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador manifestó este viernes su rechazo de que el ministro Javier Laynez Potisek sea quien lleve el caso de las impugnaciones sobre la extinción de 13 fideicomisos del Poder Judicial de la Federación.

El pasado 14 de noviembre la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) turnó a dicho ministro la acción de inconstitucionalidad 214/2023 que promovió el bloque opositor en el Senado de la República.

“Vengo a solicitar que el ministro Javier Laynez Potisek se excuse para conocer de la acción de inconstitucionalidad señalada al rubro”, se lee en un documento firmado por María Estela Ríos, titular de la Consejería Jurídica de la Presidencia y que recientemente fue propuesta por AMLO en la terna para ocupar el lugar que dejó hace unos días Arturo Zaldívar en el Máximo Tribunal.

Sin embargo, en la solicitud de la Presidencia no se especifican los motivos que consideraron para pedir que el Laynez Potisek no sea quien decida la admisión y posterior elaboración del proyecto.

Cabe recordar que a principios de 2023, Laynez fue el encargado de suspender por tiempo indefinido la aplicación de la reforma electoral que impulsó López Obrador, conocida como “Plan B”.

Nacido en Torreón, Coahuila,Javier Laynez estudió Derecho en la Universidad Regiomontana y un doctorado en Derecho Público en la Universidad de París, Francia.

Fue profesor en el Colegio de México y en el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).

Desde 2015, es ministro de la SCJN, pues fue el segundo y último postulado por el ex presidente priista Enrique Peña Nieto, para sustituir al ministro saliente Juan Silva Meza.

El objetivo de desaparecer 13 fideicomisos del PJF, es que el Gobierno Federal se ahorre en conjunto 15 mil 434 millones de pesos.

Legiladores de la autollamada Cuarta Transformación (4T) argumentaron que esta medida es para recortar los “privilegios” de la Primera Sala de la SCJN, y con ello destinar los recuersos supestamente a obras públicas y programas sociales.

Enfatizaron que si otros poderes como el Ejecutivo y el Legislativo se han ajustado el cinturón, los ministros tienen que seguir el mismo ejemplo y “dejar de vivir como magnates”.

No obstante, la ministra Norma Piña advirtió que esta iniciativa afectará los derechos laborales del personal operativo y no de los ministros.

Varios legisladores como Salomón Chertorivski, diputado de Movimiento Ciudadano (MC), así como algunos analistas, coinciden que esta iniciativa es una venganza de López Obrador hacia los ministros de la Suprema Corte.

Y es que en el último año, además de tirar el “Plan B” de la reforma electoral; se admitió a trámite 17 impugnaciones que se presentaron por la aprobación de 12 reformas aprobadas fast-track por parte del bloque oficialista, episodio conocido como “viernes negro” en el Senado de la República.

Esa decisión desató el enojo del presidente, que entonces acusó al Poder Judicial de estar “podrido”.

Por lo anterior ha avisado de que espera a las elecciones federales de 2024 la 4T pueda conseguir una mayoría amplia que le permita modificar la Constitución y emprender esas reformas ahora frenadas, lo que llamó su “Plan C”