4T falla a defensores de derechos humanos: Oaxaca concentra 1 de cada 4 asesinatos

En 59 meses de la Cuarta Transformación (4T) encabezada por el presidente Andrés Manuel López Obrador se registraron 200 atentados contra defensores de derechos humanos en todo el país; Oaxaca, el estado más violento para ellos con 54 agresiones registradas.

De acuerdo con un informe elaborado por los Servicios para una Educación Alternativa (EDUCA) 176 personas defensoras fueron asesinadas de 2018 a la fecha, 20 continúan en situación de desaparecidas y cuatro fueron encontrados con vida.

De los crímenes fatales la mayoría ocurrieron en Oaxaca (41), le siguen los estados de Guerrero (29), Michoacán (18), Chiapas (14), Chihuahua (10) y Morelos (10), son las únicas entidades donde los asesinatos alcanza las dos cifras.

EDUCA enfatizó en que el caso de Oaxaca es de suma importancia por que 46 de las 54 agresiones totales se presentaron en la región del Itsmo, donde se han vuelto frecuentes los hostigamientos, amenazas, criminalización, agresiones físicas y asesinatos de personas defensoras de derechos humanos durante la era de la 4T.

El informe detectó que la criminalización de los defensores es la principal agresión que sufren, y de manera regular esta proviene de los gobiernos estatales y municipales para intentar desacreditar la seguridad comunitaria, un derecho humano que al protegerlo le costó la vida a 32 personas y la desaparición de otras 10 durante la administración de la 4T.

EDUCA también lanzó la campaña “Todos sus Nombres, Todas sus Luchas” para visibilizar a todas las personas defensoras de derechos humanos que han sufrido alguna agresión, así como a sus familias que siguen en búsqueda de justicia en el marco de las celebraciones por el Día de Muertos.

A finales de diciembre de 2020 integrantes del Movimiento de Unificación de Lucha Triqui (MULT) ingresaron de manera violenta a la comunidad de Tierra Blanca Copala, Oaxaca, y provocaron el desplazamiento forzado de 144 familias.

Por esta situación el pasado 27 de octubre la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió la resolución 62/2023 para otorgar medidas cautelares en favor de las familias triquis de Tierra Blanca Copala.

Y es que a raíz del conflicto que explotó en 2020 el gobierno de Oaxaca implementó una serie de acciones para promover el diálogo entre las organizaciones involucradas de la región que incluyó la construcción de una “Mesa de Paz con Justicia y Bienestar para la Nación Triqui”.

Sin embargo, pese a este esfuerzo la CIDH detectó la continuación de acciones violentas contra los pobladores de la región quienes en agosto pasado fueron atacadas a balazos en la comunidad de Yosoyuxi Colapa; una acción que imposibilita el regreso de los cientos de desplazados y que los coloca en en una condición de vulnerabilidad e inseguridad.

La CIDH reiteró que el gobierno estatal y federal deben garantizar el regreso seguro de la comunidad triqui; adoptar una serie de medidas que sean aplicadas a cada uno de los desplazados y realizar informes que den cuenta del éxito de las acciones y que garanticen la no repetición de estos actos.

En su respuesta el estado de Oaxaca ha detectado disputas entre los grupos triquis de la región, entre ellas se destacan conflictos políticos y sociales que para atenderlos promovió una serie de apoyos económicos, de salud y alimentarios para intentar contrarrestar los efectos secundarios que generó el desplazamiento de las familias, sin que esto ayude a garantizar los derechos humanos de las familias que tuvieron que abandonar sus hogares.