En seis meses, gobierno de AMLO pagó 7.3 mdp por “crímenes” del Ejército, revelan documentos filtrados

La familia Cruz –conformada por un matrimonio y dos niñas menores de edad– viajaba sobre las calles de Nuevo Laredo, en Tamaulipas, a bordo de un vehículo de la marca Honda, del año 1994. Era la tarde del viernes 24 de mayo del 2019 cuando una persecución entre elementos del Ejército y presuntos miembros del crimen organizado alcanzó a la familia quedando en medio del tiroteo.

Pese a las maniobras del padre para sacar a su familia del peligro, una de sus hijas fue alcanzada por las balas. La menor de cinco años murió en el hospital.

Por estos hechos, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) desembolsó 885 mil 600 pesos, de los cuales 2 mil pesos fueron para cubrir los gastos generados por la reparación del viejo automóvil de la familia Cruz y los 883 mil 600 pesos restantes como parte de la “indemnización” por la muerte de la menor.

El caso de la familia Cruz forma parte de un registro de 15 incidentes violentos protagonizados por el Ejército que ocurrieron tan sólo en los primeros seis meses del gobierno de Andrés Manuel López Obrador y por los que la Sedena tuvo que desembolsar más de 7.3 millones de pesos.

Así lo señalan documentos de la dependencia hackeados por Guacamayas Leaks y que han sido revisados por Infobae México. El informe de nombre “Agenda Ejecutiva de Alto Mando” incluye 15 casos que fueron atendidos por la Unidad de Vinculación Ciudadana de las Fuerzas Armadas.

La gran mayoría de los casos –el 73.3%– se trata de muertes o lesiones cometidas por elementos militares ya sea contra civiles ajenos a un hecho delictivo o contra presuntos delincuentes sobre los que se hizo un uso excesivo de la fuerza.

Estos incidentes ocurrieron en nueve entidades del país, destacando Tamaulipas, con tres casos; Veracruz, Michoacán y Sinaloa con dos; así como Hidalgo, Nuevo León, Oaxaca, Quintana Roo y Zacatecas con uno cada uno.

Además, seis de los 15 casos cuentan con una queja por violación a los derechos humanos, mientras que tres más cuentan con un folio –del que no se da más detalles– y seis más no tienen queja alguna.

Casi el 70% del dinero que la Sedena pagó en “indemnizaciones” fueron por muertes, según se lee en el reporte, lo que equivale a 5 millones 659 mil 347.82 pesos.

Entre los casos destaca el de Josué, quien falleció presuntamente por una bala del Ejército que le dio en la cabeza. Los hechos ocurrieron el 29 de enero del 2019, en Tamaulipas.

La versión de la Sedena señala que la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos envió información a las autoridades mexicanas sobre tráfico de drogas en las inmediaciones del Puente Internacional No. 3, “Comercio Mundial”, por lo que elementos del Ejército acudieron al lugar.

Tras arribar, los uniformados escucharon detonaciones de arma de fuego, por lo que realizaron “disparos al aire” para “persuadir una posible agresión”. Al seguir su camino, los militares encontraron a Josué con una herida de arma de fuego en la cabeza y junto a él dos paquetes de marihuana.

Aunque Josué fue encontrado con vida y llevado a un hospital, falleció una semana después. Por gastos médicos, funerarios e indemnización, la Sedena pagó un millón 632 mil 178 pesos a la viuda.

Otro caso es el de Víctor, quien –según el reporte– murió por una bala del Ejército durante un altercado entre militares y pobladores en Hidalgo, el 13 de enero de 2019.

La versión de la Sedena señala que elementos del Ejército respondieron a una alerta sobre robo de combustible. Al llegar al lugar pobladores agredieron a los uniformados con palos y piedras, por lo que uno de los militares accionó su arma alcanzando a Víctor.

Por el caso, la Sedena pagó un millón 58 mil 800 pesos de indemnización a la viuda de la víctima.

Aunque en la mayoría de los casos la Sedena paga cantidades importantes de dinero para indemnizar a víctimas de las Fuerzas Armadas, en otros el monto es muy bajo.

Tal es el caso de Estela, quien murió durante un tiroteo entre elementos del Ejército y hombres armados en Michoacán, el 12 de abril de 2019.

Pese a que la Sedena reconoce que la mujer no tenía relación con los agresores, sólo se le entregó a su familia un “apoyo económico” de 16 mil pesos para gastos funerarios.

Este monto palidece ante el dinero entregado en los casos anteriormente mencionados, así como otros:

El de Carmelo, quien falleció tras ser herido por elementos del Ejército en una supuesta persecución en Oaxaca, el 16 de enero del 2019 y cuya viuda recibió una indemnización de 981 mil 440 pesos.

Caso similar el de Andrés, quien también murió al ser lesionado por uniformados tras una persecución en Veracruz, el 6 de abril del 2019. Por este caso la Sedena pagó 495 mil 329.82 pesos por atención médica –que incluyó un traslado aéreo–, gastos funerarios y boletos de avión para familiares de la víctima cuyo origen era guatemalteco.

Cabe mencionar que en estos dos casos, la Sedena asegura que ambas persecuciones ocurrieron porque los civiles “se dieron a la fuga” ante la presencia de los militares, pero nunca se detalla ningún delito, ya sea en flagrancia o en el decomiso de armas, drogas o cualquier otra ilegalidad.

Además de las muertes, las indemnizaciones pagadas por la Sedena incluyen casos de lesiones y hasta un robo, cuyo monto suma el millón 142 mil 419 pesos, de acuerdo con los documentos de la misma dependencia.

Uno de los casos que más destaca es el de Martín, un ciclista que fue arrollado por un vehículo militar al conducir en sentido contrario durante una persecución de hombres armados en Sinaloa. Por este caso la Sedena desembolsó 529 mil 480 pesos en su mayoría por “reparación de daños”.

Otro caso particular es el de Yessica y Rubí, quienes fueron atacadas por elementos del Ejército cuando –según la versión oficial– intentaron darse a la fuga ante la presencia de los uniformados.

Por el ataque Yessica fue herida, mientras que a Rubí le robaron dinero y un teléfono celular. En este incidente, la dependencia pagó 307 mil 383.90 pesos a Yessica por las lesiones, mientras que Rubí se tiene pendiente un pago de 25 mil pesos por “daños materiales”, aunque a la fecha en la que salió el informe no habían podido localizarla.

La Sedena también ha tenido que indemnizar por incidentes donde la víctima es un miembro de las Fuerzas Armadas. El documento señala dos casos en particular: Carlos y Miguel.

Carlos “desapareció” tras realizar trabajos de mantenimiento a un ferri del Ejército en Sinaloa, el 5 de diciembre del 2018. Por este caso, la Sedena le pagó 100 mil pesos a su esposa.

Mientras que Miguel murió por las heridas ocasionadas tras un accidente en una embarcación del Ejército, en Quintana Roo, el 7 de febrero de 2019. La dependencia federal le entregó apenas 90 mil pesos a la pareja sentimental del uniformado como “apoyo económico”.

“No se permite en nuestro gobierno la violación de derechos humanos”, son las palabras que el presidente López Obrador ha dicho en más de una ocasión durante sus habituales conferencias mañaneras, e incluso ha tratado de justificar la participación del Ejército en estos casos asegurando que se trataron de “errores” que cometieron bajo las órdenes de autoridades civiles.

Sin embargo, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) sigue recibiendo casos. De acuerdo con el mismo documento de la Sedena, entre el 1 de diciembre de 2018 y el 25 de agosto de 2019, la dependencia ha recibido 289 quejas por violaciones a los derechos humanos cometidos por personal militar.

Por su parte, la CNDH señala en su “Sistema Nacional de Alerta de Violación de Derechos Humanos” que de 2019 a 2022 se han presentado mil 705 quejas contra la Sedena.

Esto significa que la CNDH promedia más de una queja por violaciones a los derechos humanos al día, durante el gobierno de López Obrador.

Infobae México se comunicó con la oficina de comunicación de la Sedena solicitando una postura, sin embargo, hasta la publicación de este texto no se recibió respuesta.