Senado aprobó en lo general y particular la extinción de 13 fideicomisos del Poder Judicial

Luego de más de ocho horas de sesión, el Pleno de la Cámara de Senadores aprobó la noche de este martes, en lo general y lo particular, la reforma para eliminar 13 fideicomisos del Poder Judicial de la Federación (PJF).

Minutos antes de las 10 de la noche fue avalada la reforma en lo general con 67 votos a favor, 48 en contra y cero abstenciones; mientras que la votación en lo particular se realizó en los primeros minutos del miércoles 25 de octubre, con 67 legisladores a favor y 49 en contra.

Con ello se modificará la Ley Orgánica del PJF para destinar los 15 mil millones de pesos de dichos fondos a programas que beneficien el Plan Nacional de Desarrollo. El dictamen será firmado por el titular del Ejecutivo y se publicará en el Diario Oficial de la Federación (DOF) para su entrada en vigor.

Cabe mencionar que durante la votación general hubo varias ausencias de legisladores del bloque opositor, empezando por la candidata presidencial, la panista Xóchitl Gálvez. Los otros faltistas fueron:

- Carlos Aceves (PRI)

- Eruviel Ávila (Sin partido)

- Alejandra Lagunes (PRI)

- Estrella Rojas Loreto (PAN)

-Alejandra León Gastelúm (MC)

- Ifigenia Martínez (Morena)

- Lucy Meza (Morena)

- Ernesto Pérez Astorga (Morena)

- Cecilia Sánchez García (Morena)

- Gonzalo Yáñez (PT)

- Jaime Bonilla (PT)

Además, tres senadores morenistas respaldaron a los trabajadores del Poder Judicial al votar en contra del dictamen impulsado por el presidente Andrés Manuel López Obrador: Olga Sánchez Cordero, Rafael Espino y Alejandro Rojas Díaz-Durán.

La ministra en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Olga Sánchez Cordero, señaló que en la extinción de al menos cinco fideicomisos atenta contra la autonomía del Poder Judicial y las conquistas laborales de los trabajadores.

“Defender estos fideicomisos, adicionales al Fondo de Apoyo a la Administración Pública, es un tema de justicia, como también es un tema de justicia hacer un llamado al Poder Judicial, a que sus criterios valoren siempre los derechos de la ciudadanía y el progreso de la nación”, agregó.

Por su parte, Alejandro Rojas Díaz-Durán, califico como “mentira monumental” que los fideicomisos sean para pagar privilegios de los ministros de la SCJN.

Además, subrayó que su labor en el Congreso es defender la Constitución y no obedecer instrucciones.

“Yo vengo a defender encima de todo la Constitución, la ley, la justicia, la verdad. Yo milito en Morena y Morena también tiene que respetar la Constitución [...] No podemos expropiar los recursos porque hay una Ley de Responsabilidades, la ley impide que pasen a la Tesorería de la Federación; estos dineros no pueden pasar del Poder Judicial al gobierno mexicano, es inconstitucional”, recalcó.

Con 27 votos a favor por parte de diputados de Morena y aliados, el pasado 10 de octubre se aprobó desaparecer 13 fideicomisos del PJF, que suman en conjunto 15 mil 434 millones de pesos.

El único fideicomiso que se salva será el Fondo de Apoyo a la Administración de Justicia, por un monto de 6 mil 103 millones.

De acuerdo con la autollamada Cuarta Transformación (4T), el objetivo de esta medida es recortar los “privilegios” de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), y con ello destinar los recursos supuestamente a obras públicas y programas sociales.

Legisladores morenistas argumentan que si otros poderes como el Ejecutivo y el Legislativo se han ajustado el cinturón, los ministros tienen que seguir el mismo ejemplo y “dejar de vivir como magnates”.

Sin embargo, la SCJN advirtió que esta iniciativa afectará los derechos laborales del personal operativo y no de los ministros, a quienes el presidente acusa de recibir 600 mil pesos al mes como salario.

El Sindicato de Trabajadores del PJF señaló que la iniciativa impacta de manera directa en la pensión, vivienda, cobertura de salud y retiro de los agremiados, pese a que AMLO aseguró lo contrario.

Varios legisladores como Salomón Chertorivski, diputado de Movimiento Ciudadano (MC), así como algunos analistas, coinciden que esta iniciativa es una venganza de López Obrador hacia los ministros de la Suprema Corte.

Y es que en el último año, la Primera Sala le ha tumbado varias reformas aprobadas por los legisladores de la autollamada “Cuarta Transformación” (4T), como su “Plan B” de la reforma electoral; además de admitió a trámite 17 impugnaciones que se presentaron por la aprobación de 12 reformas aprobadas fast-track por parte del bloque oficialista, episodio conocido como “viernes negro” en el Senado de la República.

Esa decisión desató el enojo del presidente, que entonces acusó al Poder Judicial de estar “podrido”.

Por lo anterior ha avisado de que espera a las elecciones federales de 2024 la 4T pueda conseguir una mayoría amplia que le permita modificar la Constitución y emprender esas reformas ahora frenadas, lo que llamó su “Plan C”.