Estas son las 5 omisiones e impactos de la extinción de los fideicomisos del Poder Judicial

La Cámara de Diputados aprobó la eliminación de los fideicomisos del Poder Judicial y el dictamen ya ha sido remitido al Senado de la República, en donde se espera sea discutido ante el Pleno la próxima semana.

Sin embargo, el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) ha puntualizado algunas problemáticas o irregularidades en las que la Cámara de Diputados, y en específico la mayoría parlamentaria conformada por Morena, el Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) incurrieron para la aprobación de la iniciativa.

La iniciativa contempla una adición a los párrafos segundo, tercero, cuarto y quinto al artículo 4 transitorio del Decreto por el que se expide la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y la Ley de Carrera Judicial del Poder Judicial de la Federación.

Asimismo, contempla una reforma a diversas disposiciones de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, que reglamenta el apartado B del artículo 123 constitucional; así como de la Ley Federal de la Defensoría Pública, de la Ley de Amparo, la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución y Código Federal de Procedimientos Civiles.

En el Senado, la oposición se ha pronunciado por realizar un parlamento abierto para esta discusión, pues no hacerlo, se consideró, violaría los derechos de los trabajadores del Poder Judicial, quienes iniciaron a partir de este jueves y hasta el próximo 24 de octubre un paro de labores.

Ya se prevé que se presenten impugnaciones en torno a la extinción de los fideicomisos, la cual tocaría resolver ni más ni menos que a la misma Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que para este caso actuaría como juez y parte.

Hay ciertos factores que se generaron desde la Cámara de Diputados y que por sí mismos podrían servir de argumentos para la impugnación. De acuerdo con el IMCO, son al menos cinco los puntos que se omitieron por parte de los diputados.

El primero de ellos es en torno a la dictaminación de la iniciativa presentada por Morena, pues el proceso se realizó en la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública a la que le competen situaciones de índole presupuestaria, pero en realidad quien debería haber dictaminado sería la Comisión de Justicia con la opinión de la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Otro punto importante es que se acusa un subejercicio de los fideicomisos, lo cual no es posible, pues no cuentan con gasto programado al no ser instrumentos financieros con reglas específicas.

Sobre el origen de los recursos que estos fideicomisos cuentan, se precisió que no todos cuentan con recursos públicos, sino que algunos están construidos con base en contribuciones de los trabajadores del Poder Judicial, por lo que estos no deberían ser transferidos a la Tesorería de la Federación como lo plantea la iniciativa.

Un quinto punto es del funcionamiento de estos fondos, sobre los cuales se dijo que su manutención responde a la necesidad de garantizar la suficiencia de recursos para la implementación de reformas de carácter penal, civil y laboral.

Finalmente, mencionó la rendición de cuentas, punto en el cual precisó que el ejercicio de los recursos no cuenta con señalamientos por irregularidades por parte de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), sino que cuenta sólo con recomendaciones para su mejora.

El IMCO consideró que en caso de que la extinción de los fideicomisos se apruebe en el Senado de la República en los términos en los que se encuentra, implicaría una vulneración a la división de poderes.