FGR informó sobre número “elevado” de órdenes de aprehensión no cumplimentadas en 2022

En el informe destacaron la necesidad de abordar el problema de corrupción presente en el sistema judicial

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Se ha señalado la preocupación de que las órdenes de aprehensión puedan ser utilizadas con propósitos políticos, con la finalidad de generar un impacto mediático. (Especial)
Se ha señalado la preocupación de que las órdenes de aprehensión puedan ser utilizadas con propósitos políticos, con la finalidad de generar un impacto mediático. (Especial)

Los registros oficiales de la Fiscalía General de la República (FGR) exponen una situación significativa en relación a las órdenes de aprehensión emitidas durante el año 2022 en casos vinculados al fuero federal.

Según los datos proporcionados por la institución, de las 17,174 carpetas de investigación iniciadas durante ese año que condujeron a la expedición de órdenes de aprehensión, solo 8,324 resultaron en la detención efectiva de los individuos señalados, mientras que 8,850 de tales órdenes aún están pendientes de cumplimiento.

Dentro de los casos notorios que han logrado evadir la ejecución de órdenes de aprehensión en los últimos seis años, se incluyen figuras influyentes de la política y la esfera legal de México. Destacan, entre otros, Francisco García Cabeza de Vaca, exgobernador de Tamaulipas; Karime Macías, esposa del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, quien actualmente purga una condena; y Tomás Zerón, exjefe de la Agencia de Investigación Criminal (AIC).

Adicionalmente, se cuentan Gilda Lozoya Austin, hermana del exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya, y Carlos Treviño Medina, quien también ocupó la dirección de la mencionada empresa estatal.

Un especialista en asuntos de seguridad y justicia, David Saucedo, ha enfatizado que la problemática de no llevar a cabo órdenes de aprehensión tiene raíces multifactoriales. Entre las cuestiones señaladas, se destaca la limitación en cuanto al número de elementos disponibles en la FGR para efectuar detenciones.

Asimismo, se ha señalado la preocupación de que las órdenes de aprehensión puedan ser utilizadas con propósitos políticos, con la finalidad de generar un impacto mediático.

Mala información

Saucedo también ha destacado la necesidad de abordar el problema de corrupción presente en el sistema judicial, y ha planteado la posibilidad de que algunos jueces, magistrados y abogados puedan estar coludidos con los imputados, quienes, en ocasiones, recurren al soborno como medio para evitar el cumplimiento de órdenes de aprehensión en su contra.

Abogados puedan estar coludidos con los imputados, quienes, en ocasiones, recurren al soborno como medio para evitar el cumplimiento de órdenes de aprehensión en su contra. EFE/José Luis de la Cruz
Abogados puedan estar coludidos con los imputados, quienes, en ocasiones, recurren al soborno como medio para evitar el cumplimiento de órdenes de aprehensión en su contra. EFE/José Luis de la Cruz

En el año 2022, la FGR registró un total de 141,492 carpetas de investigación, de las cuales 106,509 fueron atendidas, mientras que 34,983 permanecen en proceso. Dentro de las 106,509 carpetas atendidas, únicamente 17,174 fueron llevadas a proceso judicial, lo que plantea interrogantes sobre la eficacia y eficiencia del sistema de justicia en este contexto.

Cabe mencionar que el número acumulado de carpetas de investigación registradas en la FGR en el año 2022, que abarca casos iniciados, reactivados y de existencia previa, constituye el nivel más bajo desde el año 2018, cuando se reportaron 166,400 expedientes. Por otro lado, en 2021, durante la actual administración, se alcanzó la cifra más alta de carpetas de investigación, con un total de 210,323.

En la prevención del delito

La Fiscalía General de la República es una entidad gubernamental encargada de investigar delitos y esclarecer hechos. Su misión primordial es proporcionar una procuración de justicia eficaz y efectiva, contribuyendo a combatir la inseguridad y reducir la impunidad.

Además, se encarga de prevenir el delito, fortalecer el Estado de derecho y garantizar los derechos de las víctimas y de la sociedad en su conjunto.

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