Fiscalía de CDMX investiga a estudiante del IPN por editar fotos de compañeras con IA y venderlas como íntimas

Una semana después de que al menos ocho alumnas del Instituto Politécnico Nacional (IPN) denunciaran a uno de sus compañeros por editar fotografías suyas y venderlas como desnudos, la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México ha informado la apertura de una carpeta de investigación por el hecho.

Este 13 de octubre, la dependencia dio a conocer que personal de la Coordinación General de Investigación de Delitos de Género y Atención a Víctimas ya se encuentra atendiendo a las jóvenes universitarias, quienes se presentaron en sus oficinas, acompañadas de abogados de la institución académica, para dar seguimiento a las denuncias presentadas el pasado viernes.

De acuerdo con cientos de alumnas de la Escuela Superior de Comercio y Administración Unidad (ESCA), unidad Santo Tomás, uno de sus compañeros, identificados como Diego “N”, tomó fotografías sin su consentimiento para posteriormente editarlas con Inteligencia Artificial y quitarles la ropa.

Las jóvenes aseguran haber encontrado cerca de 50 mil fotografías editadas en el iPad del acusado, así como pruebas de que las vendía a través de Telegram y otros espacios digitales.

Al respecto, la fiscalía capitalina determinó que, en primer instancia, se llevarán a cabo entrevistas de todas aquellas estudiantes que presentaron la denuncia por delitos relacionados con la Ley Olimpia. Esta fase deberá llevarse a cabo en compañía de asesoría jurídica y psicológica.

A la par, la Policía Cibernética de la Policía de Investigación (PDI) deberá realizar una exhaustiva revisión de imágenes que se encuentren en dispositivos móviles del investigado.

Asimismo, se instruyó a la Fiscalía de Investigación de Delitos Sexuales otorgar de inmediato medidas de protección a las jóvenes, así como dar vista a la Unidad de Asuntos Internos, a efecto de que se determine si existió alguna irregularidad en la atención psicológica inicial de las estudiantes; tal como ellas lo denunciaron a través de redes sociales.

Aunque la acusación se hizo viral durante la tarde del 12 de octubre, los hechos se registraron el 6 del mismo mes.

Las alumnas refirieron que, aquel día, se percataron de las fotografías que Diego “N” tenía en su iPad y de lo que hacía con ellas, por lo que decidieron lo cuestionaron. Al ser descubierto, el joven se alteró y comenzó evidenciar una actitud agresiva, por lo que se notificó inmediatamente a las autoridades educativas.

De acuerdo con el testimonio de algunas alumnas, Diego “N” fue remitido a la Jefatura de la carrera y posteriormente fue presentado ante la Fiscalía de la Ciudad de México junto a las pruebas. No obstante, fue puesto en libertad a “falta” de evidencia.

Es por tal motivo que la fiscalía capitalina acordó llevar a cabo una reunión del seguimiento de la investigación, misma que se llevará a cabo en las instalaciones de la Coordinación General de Investigación de Delitos de Género y Atención a Víctimas; aunque no se detalló cuándo se realizará.

Cabe destacar que, de acuerdo con las alumnas, este no es el primer caso de acoso que se registra en las aulas en lo que va del año.

La denominada Ley Olimpia surge a raíz de la difusión de un video de contenido sexual no autorizado de una mujer en el estado de Puebla. Derivado de ello se impulsó una iniciativa para reformar el Código Penal de dicha entidad y tipificar tales conductas como violación a la intimidad; acción que se ha replicado en todas las entidades federativas.

En dicha ley se estipula que “video grabar, audio grabar, fotografiar o elaborar videos reales o simulados de contenido sexual íntimo, de una persona sin su consentimiento o mediante engaño”, será considerado como una conducta que atenta contra la intimidad sexual; y por tanto, podrá ser castigado.

De acuerdo al Código Penal Federal, la sanción para aquellos que violen la Ley Olimpia podría ser de 3 a 6 años de prisión y una multa de 500 a mil Unidades de Medida y Actualización (UMA).

Por su parte, el Código Penal de la CDMX estipula como mínimo una pena de 4 años en la cárcel.