SCJN advirtió que la extinción de fideicomisos del PJF afectará al personal operativo, no a los ministros

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) advirtió este miércoles que la iniciativa que se aprobó en la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados para desaparecer 13 de los 14 fideicomisos del Poder Judicial de la Federación (PJF) afectará a las y los trabajadores, y no así a los ministros.

A través de un comunicado, el Máximo Tribunal señaló que estos recursos, que suman en conjunto 15 mil 434 millones de pesos, no son destinados para pagar las prestaciones de “los de arriba”, sino para cumplimentar derechos laborales del personal operativo como pensión, vivienda, cobertura de salud y retiro.

“Los derechos tutelados en estos instrumentos normativos no constituyen prestaciones adicionales, sino derechos adquiridos de las personas trabajadoras en el Poder Judicial”, añadió.

Cabe mencionar que el único fideicomiso que se salva será el Fondo de Apoyo a la Administración de Justicia, por un monto de 6 mil 103 millones.

Las autoridades explicaron que esta información se actualiza de manera trimestral y se puede consultar en el portal de transparencia, así como en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

Y es que el presidente Andrés Manuel López Obrador impulsó esta iniciativa con el objetivo de recortar los “privilegios” de los 11 ministros, asegurando que tienen un mayor sueldo que él al recibir supuestamente más de 600 mil pesos al mes.

Sin embargo, algunos de estos fondos que se buscan desaparecer especifican en su nombre que son de apoyo a mandos medios.

La iniciativa se aprobó con 27 votos a favor por parte de Morena y aliados, mientras que la oposición solo consiguió 22 en contra.

Varios legisladores como Salomón Chertorivski, diputado de Movimiento Ciudadano (MC), así como algunos analistas, coinciden que esta iniciativa es una venganza de López Obrador hacia los ministros de la Suprema Corte.

Y es que en el último año, la Primera Sala le ha tumbado varias reformas aprobadas por los legisladores de la autollamada “Cuarta Transformación” (4T), como su “Plan B” de la reforma electoral; además de admitió a trámite 17 impugnaciones que se presentaron por la aprobación de 12 reformas aprobadas fast-track por parte del bloque oficialista, episodio conocido como “viernes negro” en el Senado de la República.

Esa decisión desató el enojo del presidente, que entonces acusó al Poder Judicial de estar “podrido”.

Por lo anterior ha avisado de que espera a las elecciones federales de 2024 la 4T pueda conseguir una mayoría amplia que le permita modificar la Constitución y emprender esas reformas ahora frenadas, lo que llamó su “Plan C”.

Por si fuera poco, el pasado 19 de julio, el grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados promovió una demanda de juicio político contra los 11 ministros de la SCJN.

Los morenistas argumentaron la supuesta “violación al artículo 127 constitucional”, por negarse a bajar el sueldo y ganar menos que AMLO, quien implementó una política de “austeridad republicana”.

Dijeron que si otros poderes como el Ejecutivo y el Legislativo se han ajustado el cinturón, los ministros tienen que seguir el mismo ejemplo y dejar de vivir como magnates.

Incluso, aseguraron que los recursos económicos excesivos del Poder Judicial pueden ser utilizados para que lleguen a las comunidades más apartadas, a los que más lo necesitan.