Colectivo LGBT urge a diputados prohibir terapias de conversión: “Ningún tipo de tortura debe estar permitida”

Los Esfuerzos para Corregir, reprimir o suprimir la Orientación Sexual, Identidad o expresión de Género (Ecosig), también conocidos como terapias de conversión, aun están permitidos en 16 estados de México, por lo que la organización Yaaj, enfocada en defender, promover y proteger los derechos humanos de la población LGBTI+ en el país, impulsó una iniciativa de ley para que se prohíban a nivel nacional.

Del 2020 a la fecha, la ley creada por el colectivo ha sido aprobada por los Congresos locales de estados como la Ciudad de México, Jalisco, Puebla, Hidalgo, Baja California y Querétaro, entre otros, así como en el Senado, el 11 de octubre del 2022.

Sin embargo, desde hace un año está pendiente su aprobación en la Cámara de Diputados, a pesar de que fue avalada en comisiones el 19 de abril pasado, cuando se llevó a cabo la “Reunión Extraordinaria de las Comisiones Unidas de Justicia, Salud y Diversidad”.

Por ello, el colectivo LGBT hizo hoy un nuevo llamado a que los diputados “aprueben ya la ley para prohibir las mal llamadas “terapias” de conversión”, con una publicación en redes sociales, la cual acompañaron de un video en el que participan artistas como Ximena Sariñana y Mónica Garza.

“Ningún tipo de tortura debe estar permitida en México @Mx_Diputados aprueben ya la ley para prohibir las mal llamadas “terapias” de conversión. No hay #NadaQueCurar”, escribió la organización en redes sociales.

En el video, los artistas leen los testimonios de sobrevivientes a las terapias de conversión, que en algunos casos consistieron en situaciones de abuso sexual, electroshocks y hasta privación de la libertad.

De acuerdo con el colectivo, los Ecosig están prohibidos y son sancionados hasta con prisión en Ciudad de México, Jalisco, Puebla, Hidalgo, Baja California, Nuevo León, Estado de México, Oaxaca, Tlaxcala, Colima, Zacatecas, Yucatán, Baja California Sur, Querétaro y Sinaloa.

En el resto de los estados se continúan permitiendo estas prácticas; no obstante, las iniciativas ya se discuten en los Congresos locales, excepto en Durango y Chiapas, donde el proyecto no ha sido admitido para análisis.