Niegan amnistía a Mario Villanueva, exgobernador de Quintana Roo condenado por nexos con el narco

Mario Villanueva Madrid, exgobernador de Quintana Roo, deberá cumplir con la condena de 28 años que se le impuso por lavado de dinero, asociación delictuosa y delitos contra la salud, esto luego de que una jueza federal le negara el beneficio de la amnistía.

Diana Montserrat Partida Arámburo, jueza Sexto de Distrito Especializado en Ejecución de Penas en la Ciudad de México, concluyó que la petición que hizo el exmandatario estatal para que le dieran amnistía y anularan su pena no era viable, por lo que seguirá cumpliéndola en arraigo domiciliario.

Sin embargo, la resolución ya fue impugnada por el expolítico, por lo que ahora será turno del Segundo Tribunal Colegiado de Apelación en Materia Penal determinar si le da o no “luz verde”.

“Agréguese a los autos el pedimento del Fiscal de la Federación, por medio del cual, refiere expresar alegatos en relación al recurso de apelación, interpuesto por el Defensor Público Federal del sentenciado contra la determinación de 4 de agosto de este año en donde se calificó como no viable la concesión del beneficio de amnistía, solicitado a favor del sentenciado”, se lee en la impugnación.

Cabe recordar que Mario Villanueva fue acusado de facilitar la movilización de droga de Colombia a Estados Unidos, pasando por Quintana Roo. De esta manera se giraron cuatro órdenes de aprehensión en su contra por la comisión de 13 delitos; sin embargo, huyó en 1999 sin haber concluido su mandato.

Dos años más tarde fue capturado en Cancún, Quintana Roo, por elementos de la entonces Procuraduría General de la República (PGR, hoy FGR) y el Ejército Mexicano.

Luego de su detención fue internado en el Centro Federal de Readaptación Social en Almoloya de Juárez, Estado de México, donde se le abrió un proceso penal por operaciones con recursos de procedencia ilícita, delincuencia organizada y delitos contra la salud, en sus modalidades de introducción, transportación, extracción de narcóticos y fomento para la realización de dichas conductas ilícitas.

El 20 de junio de 2007, un juez federal lo exoneró de la comisión de delitos de narcotráfico y fue liberado; al salir, fue reaprehendido y preso en el Reclusorio Norte en la Ciudad de México, luego de que las autoridades de Estados Unidos reclamaron un proceso de extradición.

El 8 de mayo de 2010, al cumplir los trámites diplomáticos y en medio de una fuerte polémica en México, fue extraditado a Estados Unidos. El 28 de junio de 2013 fue sentenciado a 11 años de prisión por lavado de dinero y le aseguraron USD 19 millones, producto de actividades ilícitas.

El 22 de diciembre de 2016 fue liberado del hospital-prisión de Lexington, Kentucky, donde se encontraba internado por su mal estado de salud y fue llevado a una estación migratoria.

Tras ser repatriado a México, fue vinculado a proceso por los delitos de delincuencia organizada, asociación delictuosa e intimidación. Aunque inicialmente el juez dictó una sentencia de 36 años de prisión, en segunda instancia la pena se redujo.

El exgobernador de Quintana Roo siempre ha sostenido que él es inocente. Además, ha argumentado que se le acusó de haber ayudado a Amado Carrillo Fuentes “el Señor de los Cielos”, sin embargo, “él fue absuelto de todos los cargos”, acusó en su momento.

Promovida al inicio del sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador, la Ley de Amnistía contempla liberar a personas que hayan sido procesadas en el fuero federal por delitos contra la salud, como portación de drogas, aborto y robo simple y sin violencia ni armas de fuego. También contempla a los presos políticos e indígenas que no hayan tenido un juicio justo por falta de intérprete.

Para poder acceder a ella se deben cumplir tres condiciones: que la sentencia en firme que tenga el inculpado sea la primera; que no se haya cometido delito de privación de la vida, secuestro o delitos contra la integridad personal y, no se hayan utilizado o empleado armas de fuego.

En su momento se llegó a hablar que esta Ley podría ayudar a más de 94 mil personas que fueron torturadas, tienen más de 65 años o llevaban más de 10 años sin sentencia, no obstante, a un año de que acabe la presidencia de AMLO los casos de amnistía aún se cuentan en cientos.