Con la realización de una conferencia de prensa, Vidulfo Rosales, quien funge como abogado de los familiares de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos del municipio de Ayotzinapa, ubicada en el estado de Guererro y los cuales están en calidad de desaparecidos desde el pasaso 26 de septiembre del 2014, pidió que de manera formal se investigue al expresidente de México, Enrique Peña Nieto por este motivo.
De acuerdo con lo expuesto por el ligante, el exmandatario perteneciente a la bancada del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y quien se sabe reside de manera oficial en España desde que dejó el cargo, fue partícipe en una junta con diversas autoridades de alto nivel, motivo por el cual se ha pedido que se incluya al antes mencionado en una investigación a modo de esclarecer el paradero de los jóvenes que familiares se niegan a reconocer sin vida.
En ese sentido, los padres de los normalistas, quienes han mantenido un plantón en las inmediaciones del Campo Militar 1, pidieron de manera urgente al Gobierno de México encabezado por Andrés Manuel López Obrador que se entregue la información que se tiene de parte del Ejército mexicano con el fin de dar continuidad a las investigaciones bajo el argumento de que se desconoce qué contienen los mismos y lo que se enfatizó, podría llevar a dar con el paradero de los jóvenes.
¿Podría ser investigado el exmandatario?
En agosto del presente año, se presentó el segundo informe hecho por las autoridades en torno a esclarecer los hechos ocurridos en Iguala la noche del 26 de septiembre del 2014. El capítulo ocho del reporte llamado ‘La verdad histórica’, remarca que la Procuraduría General de la República (PGR), atrajo el caso el 5 de octubre del año en que los normalistas desaparecieron.
Asimismo, se hace énfasis en que Tomás Zerón de Lucio, exjefe de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) quien está refugiado en Israel, confirmó a la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el Caso Ayotzinapa (CoVAJ) que tanto el exmandatario como Miguel Ángel Osorio Chong, exsecretario de Gobernación; Salvador Cienfuegos Zepeda, exsecretario de la Defensa Nacional (Sedena); Vidal Francisco Soberón Sanz, entonces titular de la Secretaría de Marina (Semar) , Jesús Murillo Karam, extitular de la PGR y demás funcionarios, formaron parte de la junta donde se fabricó la denominada ‘Verdad Histórica’ con la que se buscó dar por concluido el caso en torno a los normalistas.
“Estas reuniones se llevaron a cabo en la residencia oficial de Los Pinos, en la Zona Militar de Iguala, Guerrero y en las oficinas de la Procuraduría General de la República de la Ciudad de México”, dicta la misiva difundida en agosto pasado.
En ese tenor, los padres de los jóvenes desaparecidos han pedido que se investigue de manera penal a los que fueron parte de dichas reuniones, remarcando que en el caso de Murillo Karam, éste no pudo haber actuado sin tener una orden por parte del entonces titular del Poder Ejecutivo. Cabe destacar que el exprocurador está actualmente preso y es señalado por los delitos de tortura, desaparición forzada y delitos contra la administración de justicia aunados al caso antes referido.
“Hubo otras autoridades alrededor que participaron en su construcción, debe investigarse a todas esas autoridades que participaron en la construcción”.
Cabe destacar que además de pedir la investigación de los que participaron en la denominada ‘Junta de Autoridades’, los padres de los normalistas insistieron en que el aspirante a la jefatura de gobierno de la capital mexicana, Omar García Harfuch, también debe ser considerado especialmente porque Alejandro Encinas, quien funge como subsecretario de Gobernación, confirmó que el antes citado sí estuvo en las reuniones aunque el pasado 22 de agosto, el exjefe de la Policía rechazó tal postura.
En el marco en que se presentó el segundo informe en torno a esclarecer el caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, la bancada del Partido del Trabajo (PT) insistió en que la Fiscalía General de la República debía abrir una carpeta de investigación en contra del exmandatario por su presunta responsabilidad en la fabricación de la ‘Verdad Histórica’, por lo que en caso de considerarse necesario, el priista sí sería investigado aun cuando no se encuentre en territorio nacional.
“La detención de Murillo Karam no debe suponer un obstáculo para que las autoridades continúen investigando para que se deslinden todas las responsabilidades e incluso, se conozca el nivel de involucramiento del expresidente Enrique Peña Nieto”, declaró en agosto pasado la senadora petista Geovanna Bañuelos.