Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos y presidente de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa (Covaj), presentó un nuevo informe sobre el caso a nueve años de la desaparición de los estudiantes de la normal Raúl Isidro Burgos, en el cual aseguró que la Verdad Histórica construida durante el gobierno anterior representó una “segunda desaparición” de los normalistas.
Desde el Palacio de Cobián, Encinas Rodríguez presentó un informe sobre el estado en que se encuentran las indagatorias, en donde dio cuenta de la cantidad de personas detenidas, órdenes de aprehensión pendientes y el posible móvil de lo ocurrido en la Noche de Iguala.
“Señalar que la Verdad Histórica fue una construcción desde el gobierno federal para legitimar socialmente una falsa verdad de los hechos y acreditar la versión de la incineración de los estudiantes en el basurero de Cocula para dar carpetazo al caso. Por eso señalamos que la Verdad Histórica representa una segunda desaparición de los estudiantes”, indicó Alejandro Encinas.
Esta afirmación por parte de Alejandro Encinas fue respaldada por una serie de hechos, como las omisiones de las autoridades que en todo momento estuvieron informados sobre lo que ocurría, y que aún así permitieron la violencia y la desaparición de los estudiantes.
Así como como por la participación de un grupo delictivo en la desaparición; la manipulación y ocultamiento de evidencias y pruebas; la creación de escenas del crimen; la tortura para la obtención de declaraciones.
También se mencionó la protección a los servidores públicos que participaron en los hechos, y la mentira a los familiares de las víctimas.
Alejandro Encinas defendió las afirmaciones que se realizaron en el primer informe que se rindió, en torno a que la Noche de Iguala fue un crimen de Estado.
“La desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014 constituyó un crimen de Estado. Que en todo momento, las autoridades federales, estatales y municipales tuvieron conocimiento de la movilización de los estudiantes”, indicó el funcionario federal.
Entre las acciones emprendidas por solicitud de los padres y madres de los normalistas de Ayotzinapa se encuentra la apertura de procesos en contra de integrantes del Ejército mexicano, aunque aún faltan por ejecutarse seis órdenes de aprehensión.
Así como la detención de policías del municipio de Huitzuco, la depuración de 87 millones de registros de telefonía celular para contar con 84 mil registros y el que se cuenta con testimonios que ligan a autoridades con el grupo criminal Guerreros Unidos.