Recorte presupuestal al Poder Judicial pondrá en riesgo el sistema penal acusatorio: ministra Norma Piña

El recorte presupuestal al Poder Judicial de la Federación (PJF) que se prevé aprobar en el Congreso de la Unión frenaría la consolidación del sistema penal acusatorio, así lo afirmó la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), la ministra Norma Piña.

Al reunirse con una delegación del Grupo de Trabajo de la Organización de las Naciones Unidas sobre la Detención Arbitraria (GTDA), la ministra hizo énfasis en que una disminución en los recursos designados al Poder Judicial impediría al Instituto de la Defensoría Pública representar de manera gratuita a las personas más vulnerables.

De igual forma, la ministra presidenta reconoció que el Poder Judicial se encuentra ante un enorme reto porque tiene dificultades sobre su característica de ser independiente, específicamente en la designación presupuestaria que sea suficiente para atender la demanda de justicia, por lo que hizo un llamado a los representantes de la ONU a que destaquen en su informe la urgencia de garantizar la independencia.

“Esto debe reflejarse en condiciones políticas, jurídicas y materiales que garanticen la actuación imparcial y efectiva de la judicatura, sin riesgos a la seguridad personal, a la estabilidad laboral y financiera, ni a la continua profesionalización de los integrantes de la judicatura”, urgió.

De acuerdo con el Presupuesto de Egresos de la Federación 2024 que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) envió a la Cámara de Diputados, el próximo año el Poder Judicial de la Federación tendría que sobrevivir con entre 15 mil y 25 mil millones de pesos menos, es decir, lo equivalente a un un 32% de lo ejercido por el órgano en el 2023.

Previo a que se diera a conocer el PEF, la presidenta de la SCJN y CJF había dado a conocer que el Poder Judicial había solicitado un incremento real del 4% con respecto a lo aprobado este año, que era de 77 mil 544 millones de pesos.

Por otro lado, la ministra Norma Piña alertó que en México aún prevalecen las prácticas de desaparición forzada, el excesivo uso de la prisión preventiva oficiosa y las detenciones arbitrarias, en ésta última en donde reconoció que se está muy lejos de terminar con ellas.

Sin embargo, reiteró que en el PJF están comprometidos a proteger la dignidad de las personas, el debido proceso y el acceso a la tutela efectiva para combatir las detenciones arbitrarias.

Ante las preocupaciones específicas del GTDA relativas a la persistente impunidad frente a los agentes que llevan a cabo detenciones arbitrarias, la ministra Norma Piña explicó cómo se ha reforzado la protección de las personas a través del registro de cada detención, obligación a la que están sujetas todas las autoridades que realizan labores de apoyo a la seguridad pública, incluyendo a las que pertenecen a las fuerzas armadas.

Asimismo, Piña comunicó que a finales de 2023 la SCJN publicará un protocolo de actuación para personas juzgadoras y defensoras públicas, sobre la legalidad de las detenciones en el sistema penal acusatorio con el objetivo de brindar herramientas prácticas y útiles para que los operadores de justicia tengan una actualización en dicha materia.