A siete meses de la tragedia en el centro de detención de migrantes en Ciudad Juárez, Chihuahua, el Grupo Plural Parlamentario (GPP) denunció este miércoles que Francisco Garduño, titular del Instituto Nacional de Migración (INM), está supuestamente intentando “comprar el perdón” de los familiares de las víctimas.
En conferencia de prensa, el senador Emilio Álvarez Icaza aseguró que el funcionario de la autollamada “Cuarta Transformación” (4T) Está presionando y chantajeando con dinero público y apoyos a la víctimas y familiares de los 40 migrantes que murieron en dicha estación migratoria para que retiren las demandas en su contra por el incendio.
“Están extorsionando y chantajeando institucionalmente a las víctimas para que le retiren los cargos y proceder una reparación económica para dejar en la absoluta impunidad la muerte de cuarenta migrantes”
Incluso, señaló que Garduño Yáñez solicitó una audiencia para el próximo 22 de septiembre para “debatir la procedencia de una solución alterna en la suspensión condicional del proceso penal que enfrenta”.
El titular del @INAMI_mx está chantajeando a familiares de los 40 migrantes fallecidos en Cd. Juárez, a cambio de que retiren cargos en el proceso en su contra.
— Emilio Álvarez Icaza Longoria (@EmilioAlvarezI) September 20, 2023
Ya debería haber renunciado o al menos pedido licencia por conflicto de interés.
Comparto Boletín de Prensa del… pic.twitter.com/xYX4pHaKbO
Álvarez Icaza indicó que si bien la solicitud de la suspensión condicional es un derecho, también constituye “un chantaje institucional”.
Explicó que es el INM quien paga el hospedaje, vuelos y hasta “medicinas” a las esposas de las víctimas que han venido para exigir justicia, por lo que están en absoluta condición de vulnerabilidad.
“Porque no sólo representa a la posibilidad de evadir la responsabilidad en términos de su responsabilidad por los hechos allí ocurridos, sino que no ha concluido el proceso y genera un chantaje porque muestra el conflicto de intereses de que Garduño siga en el cargo, él tendría, sino que renunciar que pedir licencia en lugar de estar atendiendo la crisis migratoria, está litigando sus responsabilidades”, dijo el legislador independiente.
Pese a tener una investigación en su contra por la Fiscalía General de la República (FGR) por los presuntos delitos de ejercicio indebido del servicio público, lesiones y homicidio doloso, Garduño Yáñez declaró en mayo pasado que “duerme tranquilo”.
Durante una entrevista en su visita al archivo del Instituto, el funcionario argumentó que la noche de la tragedia él estaba a mil 800 kilómetros de distancia, por lo que no pensó en renunciar a su puesto.
Además, señaló que el INM cuenta con estructura orgánica, responsabilidades y mandos, por lo que es imposible que él esté en todas las estancias y oficinas de la dependencia.
Cabe mencionar que no solo políticos de la oposición, sino algunos legisladores de Morena han exigido su renuncia sin la necesidad de comparecer.
La tragedia
El pasado 27 de marzo, cerca de las 22:00 horas, se reportó un fuerte incendio en el centro de detención migratoria de Ciudad Juárez, donde se encontraban 68 personas de seis nacionalidades con el objetivo de llegar a Estados Unidos, huyendo de la violencia de sus países o buscando una mejor calidad de vida. Sin embargo, fueron detenidos por la patrulla fronteriza.
De acuerdo con las autoridades, el fuego empezó en el área donde estaban retenidos los migrantes masculinos, por lo que se sospecha que el fuego habría sido iniciado por ellos como protesta y para evitar que fueran deportados a sus países.
El INM publicó la lista de las víctimas, integrada por:
Colombia - 1
Ecuador - 1
El Salvador - 12
Guatemala - 28
Honduras - 13
Venezuela - 13
Por el momento, tres funcionarios de la estación del INM donde ocurrió el incendio están en prisión: el jefe de Departamento de Recursos Materiales, Eduardo Apodaca; el coordinador del Grupo Beta de Protección a Migrantes, Juan Carlos Meza, y la agente migratoria Cecilia Rivera.
También está detenido el delegado del INM en Chihuahua, Salvador González, quien enfrenta cargos por los delitos de ejercicio ilícito del servicio público, lesiones y homicidio doloso.
Asimismo, están detenidos dos guardias de una empresa de seguridad privada que operaba en la estación migratoria y el migrante que presuntamente inició el mortal incendio.
La tragedia ha alimentado el escrutinio sobre la política migratoria del Gobierno de México, donde, según organizaciones civiles, 2022 fue el año más trágico para los migrantes, pues unos 900 murieron en el intento de cruzar sin documentos desde el país hacia Estados Unidos.