Un grupo de al menos un centenar de agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del municipio de Tizayuca, iniciaron un paro laboral en protesta por una serie de preocupantes medidas que afectan sus condiciones laborales y salariales y por el cese de mandos por abusos en su operación.
La protesta se llevó a cabo con movilizaciones por las principales calles de este municipio hidalguense. La manifestación comenzó en las instalaciones de la corporación, ubicadas cerca de la antigua carretera México-Pachuca, específicamente a la altura de la Unidad Deportiva Mariano Bustamante. Desde allí, los policías marcharon hacia la presidencia muncipal en busca de respuestas a sus demandas.
¿Cuáles son sus demandas?
Los motivos de la protesta se centran en dos aspectos principales. En primer lugar, los agentes han expresado su descontento por la información que se les ha brindado respecto a un recorte sustancial en el pago de su aguinaldo, el cual solo recibirían el 30% de lo originalmente previsto. Esta medida ha generado preocupación y malestar entre los miembros de la fuerza policial.
En segundo lugar, los manifestantes han expresado su insatisfacción con los mandos de la corporación y pidieron la destitución de Hércules Gerardo Hurtado, Roberto Ramírez y el secretario Marcos Manuel. alegando que estos confunden cuestiones laborales con asuntos personales, lo que agrava aún más la situación. Además, han destacado la falta de un aumento salarial que consideran necesario, dado el contexto económico actual.
Durante la protesta, los policías corearon consignas como “Policía callado, jamás será escuchado”, dejando claro su compromiso en busca de soluciones y mejoras en sus condiciones laborales.
El objetivo de los manifestantes es establecer un diálogo con las autoridades locales, específicamente con la alcaldesa Susana Aracely Ángeles Quezada o la secretaria municipal, Citlali Lara Fuentes. Los agentes esperan que esta acción de protesta permita abordar de manera efectiva sus inquietudes y encontrar soluciones satisfactorias que respeten sus derechos laborales y aseguren una remuneración adecuada por su labor en la seguridad ciudadana.
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