La bancada del PRI en la Cámara de Diputados presentó una iniciativa de reforma constitucional para establecer en el artículo 4º que “todas las personas mayores de sesenta años tienen derecho a recibir por parte del Estado una pensión no contributiva en los términos que fije la Ley”.
Los priistas explicaron que actualmente la Pensión del Bienestar que otorga el Gobierno Federal sólo cuenta con un padrón de 10 millones 259 mil 861 derechohabientes, por lo tanto existen alrededor de cinco millones de mexicanos excluidos de los beneficios de este apoyo social, independientemente de su condición económica.
La propuesta de la fracción parlamentaria del tricolor fue remitida a la Comisión de Puntos Constitucionales para su análisis y dictaminación.
Los legisladores del tricolor aseguran que las condiciones globales y nacionales han impulsado la creación de sistemas de pensiones no contributivas, los cuales son financiados por el gasto corriente de los gobiernos, esto a fin de atender a sectores de la población en desventaja.
En la iniciativa de ley señalan que México no es inmune al fenómeno demográfico global del envejecimiento de la población y aunque actualmente se le percibe como un país joven, está experimentando un aumento en su demografía de personas mayores.
De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en México residen 15.1 millones de personas de 60 años o más, lo que representa el 12% de la población total, porcentaje que se ha incrementado a casi el doble en los últimos 30 años, resaltaron los diputados.
Las pensiones en México han sufrido varias modificaciones
El primer antecedente en México fue la pensión alimentaria creada en 2001 por el gobierno del entonces Distrito Federal.
En 2007 el gobierno de Felipe Calderón institucionalizó a nivel federal el programa a través de la Pensión para Adultos Mayores de 70 años y más pero únicamente en zonas rurales.
Desde entonces, el programa ha tenido diferentes modificaciones, sin embargo, los datos han demostrado que la limitación para expandir los beneficios tenía que ver con el envejecimiento y mayor sobrevivencia en varias entidades.
Otro de los problemas centrales ha sido la precarización del mercado laboral y el alto índice de informalidad laboral, ante lo cual se ha buscado aplicar distintos criterios para ampliar este programa, sin que se tengan resultados certeros, argumentaron los diputados en su iniciativa.
Subrayan que las recientes modificaciones para la implementación de este programa motivaron una reforma legislativa en la Constitución Política en le actual sexenio, que incorporó en el artículo 4º que las personas mayores de sesenta y ocho años tienen derecho a recibir por parte del Estado una pensión no contributiva y en el caso de indígenas y afromexicanos, es a partir de los 65 años.
Aunque el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador celebra este programa ocmo el mayor logro de su administración, los del PRI señalan que dicha reforma no ha resuelto los problemas identificados por las evaluaciones técnicas del programa.
Explicaron que el decreto únicamente contempla la adquisición de derechos, sin resolver la aplicación y operación de la pensión frente a choques económicos o la necesidad de ampliar la cobertura para personas que ya se encuentran en situación de precariedad desde edad más temprana y no hasta los 68 años, como señala actualmente la ley.
Durante su quinto informe de gobierno, López Obrador adelantó que a partir de enero de 2024 la Pensión del Bienestar para adultos mayores aumentará un 25%, por lo cual el apoyo bimestral a los beneficiarios pasará de 4 mil 800 pesos a 6 mil pesos. Por su parte, los diputados de Morena estiman que el presupuesto federal del siguiente año se concentre en dar recursos a este programa.