La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) informó que le fue cumplimentada otra orden de aprehensión contra el fiscal de Morelos, Uriel Carmona, por su posible participación en el delito de feminicidio, en su calidad de auxiliador, en el caso de Ariadna Fernanda.
En un mensaje a medios, Ulises Lara López, vocero de la Fiscalía capitalina, mencionó que agentes de la Policía de Investigación cumplimentaron, en reclusión, una nueva orden de aprehensión en contra del fiscal.
“El servidor público de Morelos fue notificado del mandamiento judicial en su contra y le fueron leídos sus derechos constitucionales, con apego a los protocolos de actuación policial. Del análisis de los datos de prueba que conforman la carpeta de investigación, se desprende que el imputado Uriel “N” ostentó diversos cargos públicos en esa entidad, como Notario Público y a últimas fechas como Fiscal General de Justicia del Estado”, dijo el vocero.
Señaló que durante sus funciones, Uriel Carmona firmó un protocolo de actuación para las investigación por el delito de feminicidio; sin embargo, en el asesinato de la joven Ariadna Fernanda, “posiblemente no aplicó” estos lineamientos.
Además, dijo Lara López, “hizo diversas declaraciones en las que hizo patente que se encontraban ante hechos atípicos del delito de feminicidio”.
El funcionario de la Fiscalía capitalina apuntó que el no seguir el protocolo de feminicidio, “posiblemente se tradujo en ayuda para los activos del delito, Rautel “N” y Vanessa “N”, dado que su intención no era otra que evitar que fueran investigados por ese hecho”.
“Es palpable la pretendida ayuda a los posibles responsables, al no existir en el estado de Morelos, investigación alguna respecto al comportamiento de servidoras y servidores públicos en la indagatoria local, en lo que se conoce como auxiliar del delito”, aseguró Lara López.
Agregó que el Uriel Carmona no fue el único funcionario que hizo “de auxiliador”, debido a que posiblemente se identificaron a otros servidores públicos de Morelos, mismos que con sus acciones desacreditaron el feminicidio de Ariadna Fernanda.
“Lo anterior, luego de que posiblemente, el Informe Policial Homologado fue modificado, se emitió una determinación médica que no correspondía con las huellas encontradas en el cuerpo de la víctima y no se aplicó el citado protocolo interno, que su propio titular emitió, así como los tratados internacionales, los principios y el derecho positivo sobre esa materia”, zanjó el vocero del Ministerio Público local.
El funcionario recalcó que los “servidores públicos que llevaron a cabo la investigación, deben conocer las leyes y reglamentos del estado, ya que los cargos que desempeñan en específico y su actuar, son los idóneos, necesarios y pertinentes para posiblemente auxiliar a los activos del delito”.
Ulises Lara apuntó que pese a que el fiscal de Morelos ha presentado diversos recursos ante la autoridad judicial federal, mismos que han sido resueltos en su favor, por el Décimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito del Poder Judicial Federal, la Fiscalía de la CDMX continuará con la investigación de este caso.
Pese a que el fiscal de Morelos, quien también es acusado por “retraso a la justicia”, había tramitado un amparo, el 6 de septiembre un juez vinculó, por segunda vez, a Uriel Carmona pero ahora por su presunta participación en el delito de “encubrimiento por favorecimiento” en el caso de Ariadna Fernanda, por lo que deberá de permanecer detenido en el penal de máxima seguridad del Altiplano, ubicado en Almoloya de Juárez en el Estado de México.
Uriel Carmona enfrenta varias acusaciones sobre su papel como fiscal de Morelos en relación al feminicidio de Ariadna Fernanda, joven de 27 años que fue encontrada muerta en la carretera La Pera-Cuautla, en Morelos, en noviembre de 2022.
La mujer asesinada fue vista por última vez en un restaurante de la alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México, un día antes de ser hallada sin vida.
Las autoridades de la CDMX señalan a Uriel Carmona de emitir declaraciones públicas falsas y maliciosas que contribuyeron a la discriminación de género y la revictimización de la familia al afirmar que la muerte se debió a una “grave intoxicación alcohólica y broncoaspiración”, excluyendo la posibilidad de causas externas, como concluyó el Ministerio Público de la capital del país.